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Consejo de Ministros de España aprueba proyecto de Ley de Telecomunicaciones

El Consejo de Ministros del gobierno de España aprobó el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que traslada el Código Europeo de las Comunicaciones del año 2018 al ámbito nacional. El proyecto será remitido al Parlamento con la expectativa de que sea sancionado durante el primer semestre de 2022. La iniciativa española empodera al regulador, regula a los prestadores de servicios de mensajería por internet -excepto a las grandes tecnológicas-, contiene previsiones para estimular la inversión en redes de nueva generación, incluye reglas sobre la gestión de espectro, reforma la prestación del servicio universal y establece nuevas normas de portabilidad, entre otros aspectos.

Entre las principales novedades de la propuesta está que los prestadores de servicios de comunicaciones interpersonales o mensajería no basados en numeración (que utilizan internet) pasarán a estar regulados. En este sentido, deberán inscribirse en el registro de operadores, pagar la tasa correspondiente, y garantizar la integridad y seguridad de los servicios y la transparencia con sus usuarios.

Estas obligaciones, sin embargo, no alcanzarán a los servicios que prestan los gigantes tecnológicos, a pesar de que en el anteproyecto se proponía alcanzarlos. Según informó el diario económico CincoDías, de El País, fuentes consultadas aseguraron que la decisión se debió a que podría considerarse una extralimitación regulatoria, sumado a que el aporte económico no sería significativo para las arcas del Estado.

Otro de los aspectos que trae el nuevo proyecto de ley es una ampliación de las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que podrá determinar la separación funcional entre red y servicios minoristas a la empresa Telefónica (considerada como un operador con poder significativo de mercado), establecer requisitos sobre calidad de servicio para todos los operadores, requerir el uso compartido de tramos finales de redes de acceso y realizar la revisión de mercados de referencia en forma periódica en lugar de cada dos años.

La iniciativa regulatoria también contiene medidas para incentivar las inversiones en redes de alta velocidad, como acuerdos de coinversión entre operadores, la compartición de infraestructura pasiva, coordinación de obras civiles, entre otras. Asimismo, establece por primera vez un régimen de información para instalar y explotar cables submarinos.

En materia de espectro, el proyecto de ley indica que el plazo de concesión es por un mínimo de 20 años, en tanto no detalla cuánto es el máximo. También se prevé la simplificación administrativa para la tramitación de permisos para instalar redes y radiobases de telefonía móvil.

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