Con 288 votos a favor, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde (PVEM), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que introduce modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en relación al derecho de las audiencias.
Por esta vía, por ejemplo, se eliminan o reducen derechos a que los radiodifusores distingan la publicidad o propaganda de la información periodística o noticiosa, que quedaría ahora sujeto al mecanismo de “autorregulación” a través de Códigos de Ética, quitando competencias al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –un organismo no gubernamental- para regular en la materia. La Secretaría de Gobernación seguirá, no obstante, manteniendo competencias en materia de regulación de contenidos.
“Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán contar con un Código de Ética que, bajo un principio de autorregulación, tendrán por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias…”, señala el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Según Jorge Fernando Negrete, presidente de AMEDI (Asociación Mexicana de Derecho a la Información), esta modificación es “la nuez” de la contrarreforma: “Hay un tema de desproporcionalidad entre la libertad de expresión y los derechos de las audiencias que acabó favoreciendo a los concesionarios; les otorgan un nuevo derecho que les permitirá la venta de publicidad disfrazada de contenido sin que exista autoridad que los regule, y hay una implicación política porque volvemos a la etapa de connivencia entre los dirigentes de los partidos y los concesionarios”.
Un grupo de 14 organizaciones sociales manifestaron su rechazo a la decisión de la Cámara de Diputados que denominan como “contrarreforma” o Ley Televisa-Döring debido a que la propuesta fue promovida inicialmente por el legislador del PAN, Federico Döring, y promueve los intereses de las principales empresas del sector como sucedió en 2006 con el intento de sanción de la “Ley Televisa”.
“Esta contrarreforma se hace con la anuencia de los dirigentes de los partidos mencionados en vísperas de importantes procesos electorales para el país, con lo cual se hace evidente que dichos partidos y sus representantes en el Congreso están vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales, otorgándoles a particulares privilegios indebidos y en contra del interés común”, señala el comunicado conjunto de las organizaciones.
Cabe recordar que a comienzos de año, el Presidente Enrique Peña Nieto había impugnado los Lineamientos Generales sobre Defensa de las Audiencias del IFT ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha expedido sobre el tema.
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