La Contraloría General del Estado de Ecuador ordenó a los directivos de Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) que anulen las adjudicaciones de 35 medios de comunicación que conforman la muestra que evaluó el organismo del concurso de frecuencias de radio y TV convocado en abril de 2016. La situación de los demás postulantes se analizará en exámenes posteriores.
En el informe, la Contraloría advirtió irregularidades en la asignación de puntajes, así como en la reclasificación y descalificación de postulantes. Ademas señala que hubo concentración de frecuencias en tres grupos.
Sobre éste último punto, la Contraloría destaca la concentración de empresas que concursaron por gran cantidad de licencias a través de testaferros. En este sentido advirtió la existencia de tres grupos empresarios (sin aludir directamente a su propietarios) que formaron parte del entramado con el objetivo de concentrar frecuencias. Por un lado, Radiodifusora Paraíso Radialpa, donde es accionista el legislador de Alianza País, Jorge Yunda, a través de 12 empresas solicitó 46 frecuencias. Por su parte, el mexicano norteamericano Ángel González, dueño del periódico El Comercio, solicitó 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras por medio de 18 empresas. En tanto el empresario Lenin Andrade, Presidente de Capital TV, pidió 13 frecuencias a través de 5 empresas.
En relación a los puntajes, el documento indica que el “reconocimiento por inversión y experiencia acumulada del 20% establecida en las bases del concurso, no se ajustó a la normativa legal”. De acuerdo con la Contraloría, ese criterio se contrapondría con los artículos 98 y 107 de la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC).
“337 trámites obtuvieron el puntaje máximo contemplado por el reconocimiento de inversión y experiencia acumulada, es decir el 20% en la primera fase del concurso, porcentaje que fue otorgado al momento de realizar la valoración económica por parte de ARCOTEL y que debió ser considerado al finalizar las dos fases del concurso. De estos trámites el 96% correspondió al sector privado y el 4% al comunitario, generando distorsiones en los resultados que lesionaron los intereses de los participantes”, señala el documento de la Contraloría.
El informe también plantea que el puntaje adicional otorgado a los medios comunitarios carece de sustento legal porque se asignó sin que exista ningún parámetro específico en la LOC. En consecuencia, la Contraloría pide reformar el artículo 98 del reglamento de títulos habilitantes para que se tipifique el porcentaje adicional que se debe dar a los medios comunitarios.
Sin embargo, como explicó Aleida Calleja, Coordinadora de Advocacy de OBSERVACOM, esa previsión sí está estipulada en los artículos 11 y 12 de la LOC.
Desde su cuenta de Twitter, la organización social El Churo Comunicación, rechazó en nombre de los medios comunitarios e indígenas a la decisión de la Contraloría de anular los concursos. Desde su perspectiva, la observación de la Contraloría sobre las acciones afirmativas y puntajes para medios comunitarios viola el derecho a crear medios de este tipo.
De igual modo, la Directora de CIESPAL, Gisela Dávila, aseguró que la suspensión del concurso de frecuencias afecta a las radios comunitarias que actuaron de manera transparente y tuvieron que afrontar importantes gastos para participar.
Otras de las irregularidades en los concursos señaladas por la Contraloría fueron: que el instructivo para la evaluación de proyectos se emitió en forma posterior a las bases del concurso y el reglamento y que varios postulantes hicieron cambios en su composición gerencial y accionaria sin notificar a ARCOTEL.
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