“Estamos en un punto de inflexión… la web necesita una intervención radical de todos aquellos que tienen poder sobre su futuro: gobiernos que pueden legislar y regular; compañías que diseñan productos; grupos de la sociedad civil y activistas que pueden hacer que los poderosos se responsabilicen; y cada usuario de la web que interactúa con otros en línea”, aseguró Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.
“Los gobiernos deben dejar de culpar a las plataformas por su inacción y las compañías deben ser más constructivas en el futuro de la regulación, no solo oponerse a ella”, destacó Berners-Lee en un artículo editorial en The New York Times.
En base a este diagnóstico, Web Foundation -organización fundada por Tim Berners.Lee- impulsó la creación de “Contrato para la Web”, un plan de acción global diseñado junto a activistas, académicos, compañías, gobiernos y ciudadanos con el objetivo de “evitar el mal uso deliberado de la web y de la información”.
Como ya hemos publicado, el “Contrato” se basa en nueve principios: 1) garantizar que todos puedan conectarse a Internet; 2) mantener disponible Internet todo el tiempo; 3) respetar y proteger la privacidad en línea y los derechos sobre los datos; 4) que Internet sea asequible y accesible para todos; 5) respetar y proteger la privacidad de las personas y los datos personales para construir confianza en línea; 6) desarrollar tecnologías que apoyen lo mejor de la humanidad y desafíen lo peor; 7) ser creadores y colaboradores en la web; 8) construir comunidades fuertes que respeten el discurso civil y la dignidad humana; 9) luchar por la web.
Cada uno de estos principios está acompañado de metas y objetivos dirigidos a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Los compromisos para los gobiernos en relación al Principio 1 (garantía de conexión a la red), incluyen metas progresivas de conectividad (para 2030, el 90% de la población debería acceder a banda ancha, por ejemplo); diseño de marcos políticos sólidos e instituciones transparentes (a través de estímulos a la inversión, uso compartido de infraestructura, etc); implementación de políticas nacionales de banda ancha; apoyo a la producción de contenidos y aplicaciones; entre otras.
Respecto del Principio 2 (disponibilidad de Internet), los gobiernos deberían comprometerse al establecimiento de marcos legales y regulatorios que minimicen las interrupciones del servicio de Internet y aseguren que cualquier interferencia se realice de manera consistente con la legislación vigente en materia de derechos humanos.
Asimismo deberían comprometerse a la creación de capacidades que tiendan a garantizar que las peticiones que persigan la eliminación de contenidos ilegales se realicen conforme con la legislación internacional en materia de derechos humanos.
De la misma manera, deberían fomentar la apertura y la competencia, tanto en la capa de acceso a Internet como en la de contenidos, por ejemplo mediante el apoyo o establecimiento de agencias independientes con capacidad de supervisión, creación y aplicación de normas, con el fin de garantizar que los proveedores de acceso a Internet no discriminen indebidamente entre contenidos, plataformas, servicios, dispositivos o personas.
Sobre el Principio 3 (respecto a la privacidad y datos), los gobiernos deberían establecer y aplicar marcos integrales que se centren en los derechos sobre los datos y su protección, con el fin de garantizar el derecho fundamental de las personas a la privacidad, tanto en el sector público como en el privado.
Además, las peticiones de los gobiernos para acceder a las comunicaciones y datos privados deberían cumplir con los criterios de necesidad, proporcionalidad al objetivo definido, y legalidad, así como también cumplir con el debido proceso.
Por último, el “Contrato” exige el compromiso de los gobiernos en el apoyo y supervisión de los derechos de privacidad y datos personales en la red en sus jurisdicciones, por ejemplo, minimizando su propia recopilación de datos a aquello que resulte adecuado, relevante y necesario para lograr un interés público claramente definido, entre otros aspectos.
En cuando a las empresas, el “Contrato para la Web” establece compromisos relativos al Principio 4 (asequibilidad y accesibilidad) como la creación de políticas que aborden las necesidades de los grupos sistemáticamente excluidos; el esfuerzo por brindar cada vez mejor calidad de servicio (por ejemplo con la adopción de pautas de neutralidad de red, incremento de velocidades simétricas de carga y descarga, entre otras); así como la garantía de un uso integral de Internet por parte de todos a través del desarrollo de políticas corporativas que minimicen barreras de acceso por el idioma, ubicación, edad y aptitudes, dueño de estrategias de género inclusivas, entre otras.
Respecto del Principio 5 (privacidad y datos personales), las empresas deberían adoptar el compromiso de ceder a las personas el control sobre los derechos de sus datos y privacidad; a la protección de la privacidad y de los datos en el propio diseño a través de evaluaciones periódicas sobre el impacto del procesamiento de datos, cuyos resultados se pondrán a disposición de las autoridades regulatorias para la supervisión de las empresas. A su vez, se plantea la protección igualitaria del derecho a la privacidad a través de la puesta a disposición de opciones para que los usuarios puedan acceder a los contenidos y usar servicios que protejan su privacidad.
Sobre el Principio 6 (desarrollo de tecnologías para promover lo mejor de la humanidad), se exige a las compañías la presentación de reportes periódicos que den cuenta cómo respetan los derechos humanos; así como los mecanismos y canales para realizar consultas y garantizar fuerza de trabajo diversa; y el apoyo e inversión a los bienes digitales comunes.
Por último, los compromisos que la ciudadanía debería asumir incluyen la participación activa en el desarrollo de la web a través de intercambios de buenas prácticas, uso de licencias abiertas para compartir información, producción de contenidos en idiomas locales, la oposición al uso de la Web como arma por parte de los estados nacionales o cualquier otra entidad, entre otros aspectos.
En la actualidad, el “Contrato para la Web” cuenta con el apoyo de gobiernos como el de Francia, Alemania y Ghana; empresas de Internet como Google, Facebook, Microsoft, Reddit y DuckDuckGo; y organizaciones de la sociedad civil como Electronic Frontiers Foundation (EFF), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Access Now, entre otros.
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Imagen destacada: por Pete Linforth de Pixabay