La Corte Constitucional analiza dos demandas contra la Ley de Modernización TIC, que denuncian que la normativa discrimina a las redes comunitarias para acceder al espectro radioeléctrico para brindar servicios de acceso de Internet.
“Las normas demandadas privilegia a los prestadores tradicionales y no otorga un trato diferencial a los ciudadanos, quienes no pueden competir dado su pequeño tamaño (comunitario o local), la ausencia de un ánimo de lucro, una infraestructura de bajo costo y la imposibilidad de conectividad”, señalan las demandas de acuerdo con La FM.
Así, la normativa presupone “que quien accede a licencias de uso del espectro radioeléctrico tiene el patrimonio suficiente para consolidar inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital”, indican las demandas.
Cabe recordar que los estándares interamericanos dicen que el criterio económico no puede ser el único para otorgar concesiones y que se debe brindar oportunidad equitativa para todos los sectores para garantizar la democracia y la libertad de expresión. En este sentido, se recomienda a los Estados abstenerse de realizar acciones o favorecer prácticas que, directa o indirectamente, creen situaciones de discriminación o exclusión arbitraria para ciertos grupos o personas. Este principio, válido para acceso a frecuencias para la radiodifusión, también se extiende a servicios de acceso a Internet, considerado un servicio esencial para el ejercicio de derechos fundamentales.
El año pasado, se sancionó la Ley de Modernización TIC, con cuestionamientos de organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y la OCDE, así como por organizaciones de la sociedad civil. Las críticas apuntaron principalmente a la falta de independencia del regulador -la Comisión de Regulación del Comunicaciones (CRC)
En agosto de 2019, la Fundación Karisma, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados y el comunicador Santiago Rivas, presentaron ante la Corte Constitucional dos demandas por inconstitucionalidad de la Ley 1978 de 2019 (Ley TIC) al considerar que establece un excesivo control del Poder Ejecutivo sobre el sector, lo que representaba una amenaza para la democracia y la libertad de expresión.
De acuerdo con el comunicado de las organizaciones, las dos demandas abordaron cinco aspectos: el control excesivo del Ejecutivo sobre la CRC; que la ley otorga mucho poder al Ministerio TIC para manejar el espectro y asignar frecuencias de televisión; que se desfinancia la TV pública; la equiparación de las redes comunitarias con las medianas y grandes empresas: y que la normativa no contempla condiciones específicas que den garantías a grupos indígenas ni a otros grupos étnicos.
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