Las dos leyes se aprobaron luego de los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. Quienes impulsaron las regulaciones (se trata de Estados con gobiernos republicanos) creen que las plataformas censuraron a sus usuarios, especialmente a aquellos con opiniones conservadoras. Las empresas impugnaron ambas leyes por considerar que van contra la Primera Enmienda de ese país
El lunes 26 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos comenzó a recibir los alegatos sobre las dos leyes, una de Texas y otra de Florida, que regulan cómo las grandes empresas de redes sociales controlan el contenido publicado en sus plataformas, y se apresta a analizar cuál es la decisión que tomará. Se prevé que las sentencias sobre ambos casos (NetChoice contra Paxton y Moody contra NetChoice) sean publicadas en junio de este año.
Durante casi cuatro horas, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre si se debe otorgar a Texas y Florida un control mayor sobre las plataformas de redes sociales sus políticas de moderación de contenidos publicados por sus usuarios, teniendo en cuenta el impacto que tienen sobre la libertad de expresión y el acceso a la información de sus usuarios. O, por el contrario, si debería permitirse que moderaran los contenidos según su punto de vista, por el argumento contrario: ejercer su derecho a la libertad de expresión, como afirma NetChoice, la asociación de empresas de Internet que presentó recursos judiciales contra ambas normas.
Luego de escuchar los alegatos finales, a través de sus preguntas “varios jueces sugirieron que las leyes violan la Primera Enmienda porque infringen la capacidad de empresas como Facebook y YouTube de tomar decisiones sobre el contenido que aparece en sus plataformas”, consideran analistas de Scotus.blog, un sitio de noticias y análisis sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. La mayoría de “los jueces parecieron inclinarse mayoritariamente por respetar las políticas de moderación de contenidos”, considera el corresponsal de El País, Miguel Jiménez.
¿Qué dicen las leyes?
“Las leyes tienen algunas disposiciones que limitan las opciones que las empresas de redes sociales pueden tomar sobre qué contenido generado por el usuario presentar al público”. Por otro lado, aseguran que algunas disposiciones requieren que las plataformas “brinden explicaciones individualizadas a los usuarios sobre las opciones editoriales”, resume Scotus.blog.
La ley SB 7072 de Florida, firmada en 2021 por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe a las plataformas tecnológicas suspender o prohibir las cuentas de candidatos políticos en el Estado y permite a los usuarios demandar a las empresas que proveen los servicios de las redes sociales si creen que han sido censuradas o “desplataformizadas” injustamente.
La ley HB 20 de Texas, firmada en 2021 por el gobernador Greg Abbott, declara ilegal que cualquier gran plataforma de redes sociales “bloquee, prohiba, elimine, elimine de la plataforma, desmonetice, desaliente, restrinja, niegue la igualdad de acceso o visibilidad o discrimine de otro modo la expresión”.
Desde los Estados sostienen que las redes sociales son ahora tan importantes como una nueva plaza pública y es por eso que se necesitan nuevas leyes para hacerlas seguir los ideales de la libertad de expresión.
Aaron Nielson, en representación de Texas, comparó a las plataformas de redes sociales con el telégrafo: “Los telégrafos también discriminaban en función del punto de vista, lo que provocó un escándalo nacional. Sin embargo, según la teoría de las plataformas, Western Union se limitaba a tomar decisiones editoriales para no transmitir opiniones favorables a los sindicatos”. También sostuvo que son “la plaza pública moderna”. “Sin embargo, si las plataformas que acogen pasivamente el discurso de miles de millones de personas son ellas mismas los portavoces y pueden discriminar, no habrá plaza pública de la que hablar”, aseguró.
Actualmente, un Tribunal de Apelaciones impidió que Florida hiciera cumplir la mayor parte de la ley. En cuanto a la ley de Texas, en 2022 la Corte Suprema le prohibió al Estado implementarla mientras continuaba la impugnación, por lo que no se encuentra vigente.
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