El Observatorio Audiovisual Europeo está realizando un monitoreo permanente sobre las medidas adoptadas por los Estados de la región hacia el sector audiovisual durante la crisis producida por el COVID19.
La mayoría de medidas impulsadas por los gobiernos tienen que ver con aspectos económicos como la creación de nuevos fondos de emergencia, apoyo al anticipo de pagos o el aplazamiento de contribuciones que hacen las instituciones culturales a la seguridad social de sus empleados. Pero también buena parte de los países implementaron medidas sobre la programación audiovisual para incluir ofertas de programación educativa y cultural.
Según el informe, 17 países adoptaron un total de 31 medidas relativas al establecimiento de préstamos, subsidios y garantías, mayoritariamente destinadas a apoyar a las compañías (de radiodifusión, servicios audiovisuales o actividades creativas/culturales de modo más amplio, dependiendo del caso) y sus trabajadores así como a trabajadores autónomos.
Distintos países también adoptaron medidas de apoyo para anticipos de pago. Se registran alrededor de 29 medidas de este tipo, de las cuales, la mayoría corresponden a Francia (8) y se relacionan con derechos de autor, medidas que impactan en actores, creadores y artistas; incentivos a la producción y apoyos públicos directos a la producción en general y distribución cinematográfica.
Sobre programación y oferta de contenidos, fue posible contabilizar 32 medidas, generalmente vinculadas a la oferta de programas y contenidos educativos y oferta cultural.
Mientras tanto, el Observatorio informa que se registraron 24 medidas sobre impuestos y contribuciones sociales: concretamente, para aplazar el pago de contribuciones por la seguridad social para instituciones culturales y compromisos estatales para cubrir un porcentaje de los sueldos.
Otras medidas adoptadas en los distintos países de la Unión Europea tienen que ver con las cuotas de pantalla en televisión, medidas para sobre comunicaciones comerciales (publicidad) y oferta gratuita de contenidos. En estos casos, solo unos pocos países han tomado decisiones.
En el caso de cuotas de pantalla, tanto en Francia como Croacia se definió la relajación temporal de obligaciones de cumplimiento a través de regulaciones nacionales, dirigidas a radiodifusores y proveedores de servicios audiovisuales. En tanto en Polonia, el Parlamento determinó la incorporación de una tasa en la Ley de Cine que alcanza a los servicios bajo demanda y a las comunicaciones comerciales en radiodifusión.
Respecto de las comunicaciones comerciales (contenido publicitario), en Francia se prohibieron las comunicaciones comerciales que se refieren implícita o expresamente a la situación excepcional resultante de COVID-19 o que desafían el consumo de actividades de juego en este contexto. En Croacia, los proveedores de servicios de medios deben controlar que las publicidades no comprometan las medidas prescritas por las autoridades de Protección Civil. En Polonia, mientras tanto, el tiempo de los mensajes en radiodifusión relativos a higiene básica y principios médicos de prevención de enfermedades infecciosas -incluidas el coronavirus- no están incluidas en el límite de tiempo permitido de publicidad por hora (12 minutos).
Por último, República Checa e Irlanda implementaron medidas de oferta de servicios gratuitos. En República Checa, la Asociación de Productores Audiovisuales y el Fondo de Cine público proveen asistencia legal a los trabajadores de la industria del cine para apoyarlo en la búsqueda de a programas y ayudas financieras disponibles. En tanto en Irlanda se ofrecen capacitaciones online de forma gratuita.
El Observatorio Audiovisual Europeo monitorea 41 países de Europa así como iniciativas pan-europeas, teniendo en cuenta las siguientes categorías: área geográfica; país que toma la medida; tipo de organización que la impulsa (regulador, ministerio, etc); tipo de iniciativa (legislación o guía); sector al que se dirige (distribución, creación, etc); área impartida; y tipo de medida.
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