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De una incertidumbre a otra: La Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión en Bolivia

La promulgación de la Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión garantizó la renovación de las licencias de funcionamiento de radiodifusión, no así la redistribución de frecuencias prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

Erick Torrico Villanueva*/Bolivia/Octubre 2016.

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Con la promulgación de la Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión el pasado 31 de agosto, el gobierno del presidente Evo Morales dio término a la incertidumbre en que se encontraban los prestadores de servicios de radio y televisión, en particular los del sector privado-empresarial, e inauguró otra para las organizaciones del periodismo boliviano.

La referida ley, la número 829, devolvió la tranquilidad a los propietarios de emisoras de radio y TV pues además de que garantizó la renovación de las licencias de funcionamiento de tales estaciones también les dio la seguridad de que la redistribución de frecuencias prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación no será llevada a efecto sino tal vez hasta dentro de 18 años.

La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011), estableció en su artículo 10, parágrafo I, la distribución de las frecuencias para la radiodifusión en frecuencia modulada y la televisión analógica con el siguiente criterio y “donde haya disponibilidad”: hasta el 33% para el Estado, hasta el 33% para el sector privado-comercial, hasta el 17% para medios socio-comunitarios y hasta el 17% para medios de pueblos indígena-originario-campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

Esa norma dejó para una posterior reglamentación la distribución de frecuencias para la televisión digital y de las bandas radiofónicas de amplitud modulada y onda corta. Pero el Reglamento General aprobado para dicha ley el 24 de octubre de 2012 no dio mayores luces sobre este aspecto ni respecto a la anunciada redistribución.

La Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), que aglutina a cerca de un tercio de las casi 1.200 radioemisoras que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) dice que funcionan legalmente en los 339 municipios del país, había manifestado reiteradamente su preocupación frente a la cercanía del momento en que debía ponerse en práctica esa redistribución de las frecuencias.

Según estimaciones de esta Asociación, entre los años 2016 y 2019, alrededor de 500 radiodifusoras se encontraban en riesgo de no poder renovar sus licencias tanto porque las concesiones que recibieron fenecían en ese lapso como en razón de que la aplicación de la Ley nº 164 tenía que haber reducido la participación empresarial en la radio (y la TV) del 80% actual a solamente el 33%, lo que iba a dejar sin empleo aproximadamente a 2.500 personas en todo el país.

En consecuencia, ya durante el primer trimestre de este año, la ASBORA inició gestiones ante autoridades gubernamentales para evitar que las licencias quedaran sin efecto al finalizar el período de las concesiones, ya que la ATT –en función del parágrafo III de la “Disposición final sexta” del decreto supremo 1391 que aprobó el Reglamento General de la Ley nº 164 en octubre de 2012– interpretó así la normativa vigente pese a que el parágrafo II del artículo 30 de la norma que fue reglamentada señala que “La vigencia de las licencias de radiodifusión será de quince años, pudiendo ser renovadas por una sola vez por igual período, siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones previstas en esta Ley, en sus reglamentos y en la licencia respectiva”.

Casi tres meses después, la ASBORA consiguió una primera reunión con el presidente Morales y comenzó negociaciones que concluyeron con la reciente puesta en vigor de la mencionada Ley nº 829. La readecuación establecida por ésta implica un nuevo régimen en el que los concesionarios sólo podrán contar con una licencia en un área de servicio y en una sola banda, por lo cual deberán migrar sus licencias o autorizaciones a esta nueva normativa en un plazo máximo de 12 meses. A cambio de ello, el gobierno amplió la vigencia de las licencias en todos los casos hasta el 30 de noviembre de 2019 y dispuso la renovación automática de las mismas –esto es, sin necesidad de licitación pública para las radio o teledifusoras comerciales– por un lapso único de 15 años a partir de ese momento para todas las emisoras que se hubiesen adecuado al nuevo régimen.

Las estaciones televisivas privadas, que no contaban con una organización que las representara hasta poco antes de que la Ley nº 829 fuera promulgada, también se beneficiaron de esa determinación gubernamental y dieron a conocer la existencia de una Asociación Nacional de Emisoras de Televisión (ANET).

Tanto la ASBORA como la ANET, mediante sus principales directivos, Alfonso Arévalo y Jaime Iturri, respectivamente, exteriorizaron su satisfacción con la Ley de Adecuación y ofrecieron trabajar en el marco de los consensos alcanzados con el Órgano Ejecutivo.

El vicepresidente Álvaro García, de todas maneras, declaró que la comprometida renovación de las licencias de radio y TV estará sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos y de orientación contemplados en la Ley nº 164 así como del acuerdo logrado por el gobierno con los propietarios de medios para que éstos canalicen información de interés oficial.

A su vez, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, sostuvo el pasado 26 de julio que los propietarios de emisoras de radio y televisión propusieron al gobierno la elaboración de una ley para esos sectores y anunció la pronta conformación de una comisión para la consideración de ese cometido. Aunque aclaró que todavía desconoce el alcance que podría tener esa nueva norma, sugirió que la misma podría constituirse en una más amplia Ley de Comunicación que también supusiera la reconsideración de la vigente Ley de Imprenta.

Esos datos generaron de inmediato preocupación en los dirigentes de diversas organizaciones del periodismo boliviano, dado que una eventual reforma o sustitución de la ley que rige a la prensa es vista por ellos como altamente riesgosa por el insistente carácter cuestionador y descalificador de la actividad periodística que sustenta las posiciones de autoridades políticas y del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo, poseedor de más de dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Esa circunstancia de recelo se vio alimentada, asimismo, por la aseveración del presidente Morales en el acto de promulgación de la Ley nº 829: en Bolivia “hay una exagerada libertad de expresión”, dijo en esa ocasión.

En tal sentido, con la Ley de Adecuación para Operadores de Radiodifusión finalizó la incertidumbre en la que este sector estaba inmerso y empezó la del periodismo no gubernamental que teme una eventual intervención legal oficialista que pudiera traducirse en restricciones a las libertades de pensamiento, expresión y publicación.

* Responsable del Proyecto de Comunicación Democrática de la Fundación UNIR Bolivia y Director Académico de la Maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fundó y dirigió el Observatorio Nacional de Medios en Bolivia entre 2005 y 2014.

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