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Decreto de la “convergencia” desregula el sector de las comunicaciones en Argentina

El 2017 comenzó con importantes novedades en el sector de las comunicaciones con la sanción del decreto 1340/2017, que amplía y brinda precisiones sobre el DNU 276, que modificó aspectos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley Argentina Digital, con el que el macrismo debutó en el gobierno a fines de 2015.

Bajo el discurso de la “convergencia tecnológica” y la promoción de la “competencia”, el nuevo decreto crea las condiciones de competencia pero limitada principalmente a los grandes jugadores del mercado: Clarín, las telefónicas (Telefónica, Telecom y Claro) y DirecTV.

A partir del 1° de enero de 2018, las telefónicas pueden comenzar a ofrecer servicios audiovisuales por cable en Buenos Aires, Rosario, Provincia de Santa Fe y Córdoba. En el resto del territorio, la fecha la determinará el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con una consideración especial para localidades con menos de 80 mil habitantes donde el servicio sea prestado solo por Cooperativas y Pymes.

La normativa también establece una protección de 15 años para quienes construyan redes de última milla de banda ancha. Esto significa que durante ese período, los operadores no estarán obligados a abrir sus redes a terceros.

Por su parte, DirecTV podrá ofrecer servicios de banda ancha fija y Clarín brindará telefonía móvil. Cabe recordar que Clarín compró Nextel y otras cinco empresas con espectro en las frecuencias de 2,5 Ghz y 900 Mhz para servicios fijos de transmisión de datos. Para poder utilizarlas para dar telefonía móvil, Clarín precisaba cambiar la atribución original.

Por eso, el decreto estableció la reatribución de frecuencias de espectro “con compensación económica y uso compartido” y será el ENACOM quien decidirá los montos, obligaciones de cobertura y metas específicas. Esto motivó cuestionamientos por parte de Telefónica que, si bien con el decreto logró ingresar a la TV por cable, no pudo avanzar con la TV vía satélite y ahora insiste en que desde la casa matriz se evalúa iniciar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

La normativa además atribuye amplias facultades a la autoridad de aplicación y al Ministerio de Comunicaciones, entre otras cuestiones, asignación a demanda de espectro radioeléctrico, establecimiento de compensaciones por la reatribución de frecuencias, llamado a concurso para la atribución de nuevas bandas para la prestación de servicios móviles, establecimiento de tarifas asimétricas de interconexión (por 3 años con posibilidad de prórroga por 18 meses), y precios de referencia pero solo por 3 años ya que se determina que la fijación de precios es un acuerdo entre privados.

A continuación compartimos algunas notas de análisis de interés para un estudio más profundo sobre los alcances del decreto:

A falta de inversiones, llueven decretos, de Martín Becerra.

El gobierno reestructura el mercado de telecomunicaciones con el decreto de fin de año (en inglés), de Santiago Marino.

Tres especialistas opinaron en Perfil sobre el decreto 1340 (opiniones de Andrés Gil Domínguez, Enrique Carrier y Martín Becerra).

Retroceso: mayor concentración fuera de la Ley, Comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática.

Un decreto que agudizó aún más la pelea, de Fernando Krakowiak para Pagina 12.

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