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Ecuador da marcha atrás en concurso público de frecuencias de radio y televisión que habilitó en pleno año electoral

Arcotel determinó la nulidad -total del proceso para radio y parcial para televisión- tras detectar la exclusión, sin justificación, de más de 500 frecuencias disponibles. Se trata del mismo concurso que abrió el gobierno que había sido cuestionado por coincidir con el periodo electoral
Foto: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel)

El concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión abierta a medios comunitarios y comerciales en Ecuador fue anulado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) —organismo regulador de dichos servicios en el país—, decisión que posteriormente fue confirmada por la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo.

En el caso de las frecuencias de radio AM y FM, Arcotel declaró la nulidad total desde la convocatoria; mientras que para la televisión abierta se resolvió una nulidad parcial.

La medida fue adoptada tras (según el propio regulador) identificarse múltiples irregularidades técnicas y contradicciones normativas. Entre las anomalías detectadas se señala que de las 793 frecuencias técnicamente disponibles, solo 202 fueron incluidas en la convocatoria, quedando excluidas 591 sin justificación técnica o legal. La resolución advierte que esta desproporcionalidad vulneró los principios de igualdad de condiciones y objetividad del proceso.

Durante una rueda de prensa realizada el 16 de junio, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó que “se detectaron algunas contradicciones entre los plazos establecidos, procedimientos y normativa, y tras la revisión se declaró la nulidad del proceso para resguardar la integridad y validez de los resultados”. Agregó además que la decisión busca proteger los derechos de los postulantes y optimizar el uso del espectro.

Arcotel anunció que se trabajará en una nueva convocatoria con condiciones revisadas, aunque hasta el momento no se ha establecido un cronograma.

El concurso había sido convocado el 31 de diciembre de 2024, en cumplimiento de un decreto presidencial que reformó el Reglamento a la Ley de Comunicación y dispuso iniciar el proceso de adjudicación en un plazo de 60 días. El objetivo declarado era garantizar el acceso equitativo al espectro para medios comunitarios y privados.

No obstante, desde su anuncio, el proceso fue criticado por organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, que advirtieron sobre los riesgos de desarrollar este tipo de convocatorias en plena campaña electoral. Señalaron que hacerlo en ese contexto “plantea serios riesgos para la imparcialidad y transparencia de la adjudicación”.


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