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El voto por la democratización de la comunicación

«Lo que vemos en las actuales campañas electorales es casi un silencio total sobre el tema de la comunicación y de la democratización de los medios de comunicación.»

Bruno Marinoni* / Brasil, septiembre 2014

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La difusión obligatoria por radio y televisión del programa electoral de las candidaturas que disputan cargos en las elecciones brasileñas de 2014 tuvo su inicio el último 19 de agosto y se extiende hasta el 2 de octubre. En ese lapso, de poco más de un mes, partidos políticos y coaliciones tienen la oportunidad de dirigirse directamente a la población y marcar el debate público sobre el futuro del país sin la mediación de las emisoras de radiodifusión. Se trata de un momento extraño en el que se perfora el bloqueo levantado por las empresas de comunicación comercial (en el cual sólo se incluye en la programación lo que da ganancias o le interesa al dueño) y se declara “territorio libre” para decir lo que sea sobre el asunto que sea.

El programa electoral exhibido por radio y televisión sería una gran oportunidad para que los partidos, perforando ese bloqueo, hablaran de temas que cotidianamente no integran el informativo nacional, como la existencia de un oligopolio comercial de medios de comunicación en Brasil, que filtra puntos de vista distintos. “¿Por qué la red Globo, por ejemplo, resume la discusión sobre televisión y sobre sí misma a producciones como ‘Video Show’, que no pasa de ser una vidriera de su propia marca, evitando el debate sobre el derecho a la comunicación en el país?”, podría preguntarse.

Mientras tanto, lo que vemos en las actuales campañas electorales es casi un silencio total sobre el tema de la comunicación y de la democratización de los medios de comunicación.

Asunto ingrato

Cuando analizamos la elección presidencial, las candidaturas que tienen las mejores proyecciones de votación –Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) y Marina Silva (PSB) – se limitan a defender genéricamente la “libertad de expresión / información / opinión”. Ni siquiera se refieren en sus programas de gobierno al problema de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación masiva, de la hipertrofia del sector comercial, de la imposibilidad de participación de determinados sectores en la producción de contenidos, de la reproducción de preconceptos y violaciones de derechos humanos promovidas por los programas de radio y televisión, del arrendamiento ilegal de concesiones públicas, de la criminalización de las radios comunitarias, etcétera. Ni una línea.

En mayo de 2014, la Comisión Ejecutiva del Partido de los Trabajadores, de la actual presidenta Dilma Rousseff, definió directrices que apuntaban a la inclusión del debate sobre la regulación de los medios de comunicación en el programa de gobierno de la candidata a la reelección. Buena parte de esas propuestas provenía exactamente de la experiencia que los miembros del partido tienen en la militancia en defensa de la democratización de la comunicación. Sin embargo, el tema fue retirado de la campaña electoral de la candidata, quedando apenas una propuesta de incentivo a la industria audiovisual.

Respecto a Internet, el programa de Dilma arriesga un poco más, hablando de la expansión de la infraestructura de banda ancha, de la implementación del Marco Civil de Internet, de la promoción de la participación y del acceso a las tecnologías digitales. No se define, no obstante, ningún compromiso con el régimen público de explotación del sector. En otras palabras, asistiremos a la continuidad de la política de expansión privada de las telecomunicaciones con financiamiento público por vía directa o indirecta (renuncia fiscal).

Marina Silva, candidata que sustituyó en la carrera electoral al recién fallecido ex gobernador del Estado de Pernambuco, Eduardo Campos, defiende en su programa de gobierno “transformar la conexión a Internet en un servicio esencial (como la electricidad y el agua)”, más allá de proponer una inversión en tecnologías de comunicación que favorezcan la publicación de datos gubernamentales y permitan el envío de propuestas de la población al gobierno por plataformas digitales. Respecto a la producción cultural, propone revisar los criterios de incentivo a la industria audiovisual, valorizando la “estética y la exploración” en detrimento del resultado comercial.

El candidato Aécio Neves afirma su compromiso con la “libertad de expresión”, menciona su preocupación con la ampliación del acceso a Internet y con el estímulo a la producción colaborativa, pero no presenta de forma concreta propuestas de políticas que puedan incidir en esos sectores.

El silencio sobre la democratización de los medios de comunicación revela la capacidad de los dueños de los medios de interferir en la agenda política. Eso ocurre mediante las relaciones directas de radiodifusores con los partidos políticos pero también por medio de la coerción simbólica (una especie de chantaje mediático) por el cual se sienten amenazados los candidatos que osan desafiar a aquellos que controlan prácticamente todos los canales de comunicación social del país.

En ese escenario, la candidatura de Luciana Genro (PSOL) planteó el tema de la democratización de la comunicación. Según su programa, la “fractura de los oligopolios mediáticos y su política de voz única tendrá atención especial, con énfasis en el fin de la propiedad cruzada de los medios de comunicación. Nuestro incentivo será para crear instrumentos de comunicación alternativos, como radios y televisoras comunitarias, y los medios públicos de comunicación. Además de eso, pondremos énfasis en instrumentos de participación popular”. Sin embargo, el tiempo de su partido en el horario electoral es gratuito e insignificante, limitando el alcance de la expresión política necesaria para ese debate.

Propuesta de la sociedad civil

Para intentar interferir en este escenario crítico, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) envió una carta a las candidatas y los candidatos defendiendo la importancia del tema para la consolidación de la democracia brasileña. Adjuntos a la carta se encuentran dos documentos que son fruto de las propuestas aprobadas por la sociedad civil en la primera Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom), realizada en 2009 con la participación de más de 30 mil brasileños y brasileñas para debatir propuestas para el sector.

Uno de los documentos, titulado “20 puntos para democratizar las comunicaciones en Brasil”, incluye directrices fundamentales para un nuevo marco regulatorio para el sector. El otro documento es el Proyecto de Ley de Iniciativa Popular de los Medios Democráticos, que presenta en formato de texto legal las prioridades definidas por el movimiento para la regulación de la radiodifusión en el país.

Los documentos apuntan a la importancia del fortalecimiento de las emisoras públicas y comunitarias, de las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, de la universalización de la banda ancha y de la promoción de la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas de comunicación. Son, en buena medida, una síntesis del debate realizado por los movimientos sociales brasileños en los últimos 30 años, inspirados inclusive por iniciativas similares que han surgido en otros países de América Latina en los últimos años.

*Bruno Marinoni es integrante del Colectivo Intervozes y doctor en Sociología de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). 

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