El ex Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca -quien atraviesa un juicio por corrupción y lavado de dinero-, confesó ante un Tribunal haber desviado fondos públicos por más de US$300 millones durante su mandato (2004-2009) como gastos de publicidad oficial a través de agencias de publicidad a sus emisoras de radio, utilizando empresas “truchas” y de testaferros. «Me los apropiaba en beneficio personal y de otra gente», afirmó.
Como parte del proceso judicial en el que Saca acordó su confesión a cambio de la reducción de su condena de 30 a 10 años, la Fiscalía General de la República ordenó la incautación de numerosas empresas y emisoras del ex Presidente.
Tony Saca -quien también fue directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y Presidente de ASDER (gremial de las emisoras comerciales de El Salvador)- admitió que lavó dinero mediante tres agencias de publicidad (América publicidad, ANLE publicidad, y Funes & Asociados) a las que pagaba mensualmente US$100 mil para “enviar los mensajes correctos a la ciudadanía a través de cuñas de publicidad”, según declaró. De esa cifra, se trasladaba el 80% a sus empresas de radiodifusión -Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, Radiodifusión de El Salvador y Stereo 94.1 FM- y el 20% restante quedaba en manos de las agencias.
“Debido a que las empresas del Grupo Samix -del cual es propietario junto con la familia Mixo- tuvieron ingresos sustanciales, me aumenté el salario de entre US$ 4.000 y US$ 5.000, que recibía entre 2003 y 2004, a US$60.000 mensuales, entre 2009 y 2012. Esa fue la manera en que decidí que podía llegar el dinero de Casa Presidencial a mi patrimonio, no de manera directa, sino que a través de varias cuentas”, dijo Saca según el portal El Faro.
A su vez confesó fundó empresas fantasmas a través de testaferros que supuestamente prestaban servicios de publicidad al gobierno que para que el dinero llegara a su patrimonio personal y elaboró un reglamento presidencial para declarar como “secreto de Estado” todos los gastos de publicidad estatal y no hacerlos públicos.
El viceministro de Seguridad, Raúl López, dijo que las frecuencias serán administradas por el Estado para amparar a los trabajadores y que se respetará su línea editorial. Sin embargo, aún falta que se defina cómo se implementará el proceso denominado “extinción de dominio”, por el cual pasarían a manos del Estado los bienes adquiridos o que recibieron dinero ilícito.
Al respecto, según pudo saber OBSERVACOM, la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación pedirá a los jueces del caso que las frecuencias que tiene el Grupo Samix, propiedad de Saca, puedan ser asumidas por la a Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y que ésta las declare en reserva para el movimiento de la radiodifusión comunitaria. Por su parte, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), pidieron a la Fiscalía extinguir las concesiones y devolverlas al Estado para que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) las reasigne a nuevos operadores públicos, privados y comunitarios.
Otra de las estrategias para trasladar el dinero a sus cuentas personales incluyó el depósito en 13 cuentas de ex empleados, entre ellos, su ex secretario privado Elmer Charlaix, quien hizo un primer depósito por US$1,9 millones y luego por US$13 millones, en ambos casos, durante 2014. También realizó pagos mensuales entre US$5 mil y US$10 mil a ministros y viceministros y pago de gastos reservados para la presidencia a su esposa, Ana Ligia de Saca, por US$10 mil, más gastos de viáticos.
El partido derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), que lo llevó al gobierno, también recibió dinero. De acuerdo con el portal El Faro, entre 2004 y 2009 el partido recibió US$7,6 millones de Casa Presidencial, de los cuales US$7,2 millones se recibieron mediante depósitos en efectivo, y otros US$400 mil a través de ocho cheques.
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