Organizado por Access Now y OBSERVACOM, el viernes 19 se realizó el primer diálogo realizado en el marco del Ciclo de Conferencias “Trump vs Twitter ¿Redes sociales vs debate público? Lecciones para el debate regulatorio en América Latina”.
Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Carlos Affonso Souza (Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro) y Agustín Rossi (Omidyar) plantearon las grandes dificultades que la definición de reglas privadas para la moderación de contenidos en las redes sociales genera para la libertad de expresión y los derechos de los usuarios, en un escenario donde un puñado de pocas empresas controla Internet.
“En los últimos años tenemos un cambio en la naturaleza de los términos de servicio de las plataformas que parecen como Constituciones… que tornan posible a los usuarios hacer una cosa y no otra, como las leyes fundamentales, de las relaciones en ese ambiente… eso trae un conflicto entre términos de servicio y leyes nacionales”, afirmó Souza.
Explicó que en América Latina muchas de las discusiones sobre la responsabilidad de las plataformas por la remoción de contenidos se producen a partir de las disposiciones de la sección 230 de la Communications Decency Act (CDA).
“En Estados Unidos hay cláusula general que dice que los proveedores no van a ser tratados como editores y hay una disposición extra del buen samaritano que crea una exención para las plataformas por la que ellas no van a tener que responder por situaciones en que deciden remover contenido”, detalló.
Souza explica que la realidad de la región es diferente y que no es posible pensar con los mismos parámetros. Por ejemplo, explica que en Brasil, el artículo 19 del Marco Civil de Internet indica que los proveedores no pueden ser responsabilizados por contenido de terceros a menos que haya una orden judicial. “No hay nada en Brasil sobre inmunidad por actos propios de remoción de contenidos sino por actos de terceros”, dijo.
“Necesitamos investigar más sobre los términos de servicio y comprender las condiciones y criterios que puedan permitir que las plataformas puedan hacer moderación de contenidos… Hay necesidad de más transparencia para tener una mayor auditabilidad de las decisiones y averiguar su coherencia”, concluyó.
Por su parte, Beatriz Busaniche de Vía Libre apuntó a la necesidad de preguntarse quién protege a los usuarios frente al poder de las plataformas para remover contenidos, al mismo tiempo que se refirió a la falta de transparencia sobre cómo las redes sociales toman sus decisiones.
“Por un lado están las grandes empresas de Internet y por otro lado, actores políticos (por ejemplo Trump), pero la libertad de expresión de usuarios y usuarias es el gran elefante en la sala”, dijo.
“La otra cuestión es qué pasa cuando la toma de decisiones sobre la moderación tiene que ver con procesos automatizados… No hay ningún tipo de transparencia sobre cómo se toman esas decisiones, que pueden redundar en censura automatizada”, agregó.
Busaniche advirtió sobre la dificultad de aplicar el concepto de neutralidad a los contenidos: “estamos habituados a pensar neutralidad de la red pero no se puede trasladar el concepto plano y simple en materia de contenidos… ¿a qué llamamos neutralidad de contenidos? ¿al ordenamiento de un buscador, de distintas orientaciones políticas?”.
En este sentido planteó que “la concentración de las comunicaciones es donde pondría el foco regulatorio más que en tratar a las plataformas como editores de medios de comunicación”.
“Internet hoy para la gran mayoría de la gente es un puñado de empresas y esto nos pone frente a una discusión sobre cómo subsiste el sistema democrático frente a la híper concentración de medios de comunicación… No pretendo homologar las plataformas a medios de comunicación, pero si buena parte del debate público pasa por una esfera privada que sirve para el debate público”, precisó.
“No debe haber sistema democrático que resista que todo su debate público sea privatizado… Los términos de ese privado que fija condiciones del debate público debería atenerse a los límites que ponga el Estado donde opera”, concluyó.
Agustín Rossi de Omidyar también se refirió al escenario de concentración en Internet y la necesidad en este contexto de un debate público sobre el ecosistema de Internet.
“En su creación, CDA logra darle la certeza jurídica a cualquier emprendedor de que si algún usuario publica algo, ese sitio web no será responsable de alguna barbaridad que publique un usuario, lo cual en la perspectiva de 1996 cuando se estaba inventando Internet, tenía mucho sentido”, explicó.
“De ahí hasta hoy lo que tenemos es que cuando Facebook vende publicidad que promueve desinformación respecto a, por ejemplo, el COVID o vende publicidad de máscaras que no funciona o a precio abusivo, Facebook dice ´me protege CDA´… En ese contexto es razonable que haya una conversación pública… ahora que Internet ya no es abierta. Digo, para la mayoría de nosotros Internet es Facebook, Instagram, WhatsApp -que son la misma empresa-, Google, gmail, Chrome -la misma empresa- y Twitter y ahí se acaba el mundo Internet”, continuó Rossi.
“Debemos separar el derecho a la libertad de expresión del derecho a la radiodifusión… es razonable que se pida que se limite la radiodifusión del contenido cuando el 70% de las horas de emisión en YouTube no son orgánicas, las promueve el algoritmo Eso no es libertad de expresión, eso no está protegido por CDA 230”, afirmó.
Desde su perspectiva, solucionar los problemas de las plataformas no solucionará el problema de la democracia, pero es razonable pedirle a las empresas que prioricen promover contenidos de calidad… y no prioricen contenido radicalizante”.
El video completo del encuentro se puede ver aquí.
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