El viernes 22 de mayo finalizó el proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones publicado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Distintos actores como Fox, grupo Hispasat, la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones (AISTEL), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (SINATTEL), La Cámara de Teledifusores del Paraguay (Catelpar), entre otros enviaron sus aportes. Los comentarios recibidos pueden consultarse en el sitio de Conatel . Los aportes de los distintos actores serán la base para consensuar el texto definitivo en los próximos meses.
Catelpar centró sus críticas en las facultades de Conatel para tomar a su cargo atribuciones correspondientes al organismo de defensa de la competencia. También objetaron que el anteproyecto podría lesionar la libertad de expresión al permitir que Conatel promueva planes vinculados a las telecomunicaciones. Además, al igual que la Cámara Paraguaya de Cableoperadores de Paraguay, Catelpar se opuso a la figura de Licencia única ya que consideran que contribuye a la creación de una empresa dominante.
Por su parte, Intelsat manifestó que la regulación no solo debe centrarse en el medio de transmisión sino que es importante reglamentar a los servicios de comunicación de audio/video y los contenidos. A su vez manifestó que falta un capítulo que se dedique a las definiciones de “Prestadores con poder significativo de mercado”, “empresas extranjeras con servicios mayoristas”, “recursos escasos”, mercados relevantes”, “servicios de comunicación audiovisual” entre otros.
El sector de la radio comunitaria también se opuso al anteproyecto. Alicia Stumpfs, de la asociación de radios comunitarias Voces Paraguay, explicó que la normativa mantiene una limitación de la potencia de 50 vatios para pequeña cobertura y 300 vatios para mediana cobertura y se prohíbe todo tipo de publicidad, inviabilizando de esta manera la sustentabilidad económica de las estaciones comunitarias.
El anteproyecto de Ley presentado por CONATEL establece el principio de neutralidad de la red así como también se promueve la compartición de infraestructura y la creación de un fondo de servicio universal. Se prevé que CONATEL elabore un Plan Nacional de Telecomunicaciones como un instrumento quinquenal. Además, como autoridad de aplicación, el organismo tendrá atribuciones para adoptar medidas de defensa de la competencia, como la definición de mercados relevantes, definición de operadores con poder significativo de mercado, entre otras cosas.
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