Más de 70 organizaciones de la sociedad civil -entre las que se encuentra OBSERVACOM-, académicos y expertos emitieron una carta pública para expresar su preocupación por el proyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio en Venezuela.
“El anteproyecto presenta una grave amenaza a los derechos fundamentales de todos los venezolanos y las venezolanas, por lo que solicitamos a las instancias internacionales de protección a estar alertas sobre este anteproyecto de ley y a manifestar su posición con respecto a las vulneraciones a derechos fundamentales que propone”, insta la carta de las organizaciones.
Esta iniciativa legal vulnera los derechos en Internet al asignar mayor control al Estado para vigilar y controlar Internet desde un enfoque basado en la securitización del uso de las tecnologías, sin contrapesos institucionales.
Bajo la doctrina de “defensa integral de la Nación”, el anteproyecto propone la creación de un sistema nacional de ciberdefensa con excesivas facultades de vigilancia ilimitada y control discrecional sobre el “ciberespacio” (definido vagamente) que dependen directamente del Poder Ejecutivo.
El documento utiliza nociones amplias como “control del orden interno” y extiende el alcance del “terrorismo” a cualquier actividad que se realice por Internet. También crea el concepto de “seguridad del contenido” para lo cual se habilita la realización de “acciones preventivas” para “contrarrestar el odio”. Así, se justifican medidas que permitirían sancionar expresiones legítimas, lo que supondría una violación a la libertad de expresión y provocaría “que los venezolanos queden limitados a una red controlada, aislada y fragmentada”.
Medios
Además, traslada el rol del Estado como garante de derechos humanos hacia los usuarios, al atribuirles responsabilidad en la seguridad del ciberespacio y su deber de denunciar situaciones que pongan en riesgo el uso y acceso al ciberespacio, la paz, el orden político, económico, social y el bien común.
Asimismo, el anteproyecto viola el estándar de “debido proceso” ya que obliga a los proveedores de servicio “de difusión de mensajes” a censurar contenidos sin que medie orden judicial, de modo que los obliga a monitorear contenidos de manera permanente.
Foto de ruurmo bajo una licencia CC BY-SA 2.0.
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