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Gobierno de Bolivia prepara proyecto de ley para que OTT extranjeras paguen impuestos

El presidente de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aseguró que el organismo está trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas en la elaboración de un proyecto para que las empresas extranjeras que brindan servicios digitales en Bolivia paguen impuestos en el país.

La normativa regiría para las plataformas extranjeras que ofrecen servicios digitales en el país pero no para las que venden bienes, ya que éstas están reguladas por Aduana Nacional, explicó el funcionario al portal UrgenteBo.

Además señaló que la propuesta normativa podría ser tratada en la Asamblea Legislativa o bien promulgarse a través de un Decreto Supremo (decreto presidencial).

De este modo, Bolivia se sumaría a los distintos países de la región que han adoptado una regulación para los proveedores de servicios digitales por la vía de reformas tributarias. Tal es el caso de Colombia, Argentina y Uruguay.

En Colombia, la reforma tributaria de 2016, instaló la aplicación del 19% del IVA para todas las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en el país. Sin embargo, recién en junio de 2018 se hizo público el decreto reglamentario que comenzó a regir a partir de julio del año pasado.

En Argentina, también a través de la Ley 27.430 de 2017 de reforma tributaria se implementó el pago del 21% del IVA a las plataformas digitales extranjeras y las tarjetas de crédito funcionan como agente de retención.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo aprobó en 2017 la Ley N°19.535 de Rendición de Cuentas en la que definió que los proveedores de servicios digitales extranjeros que prestaran servicios en el país deberían pagar IVA e IRNR. Esta ley se reglamentó en mayo de 2018, mediante el Decreto N°144. Luego, la resolución N° 9270/2018 de la Dirección General Impositiva (DGI) dispuso que las empresas tecnológicas extranjeras que brindan servicios digitales en Uruguay pueden pagar sus impuestos en dólares y sin necesidad de designar un representante legal en el país.

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