El Poder Ejecutivo, a través del Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, presentó ante la Asamblea General un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC) en Ecuador aprobada en 2013 durante la presidencia de Rafael Correa.
En el texto elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), organismo creado por la LOC en 2013, y cuestionado por su actuación como censor y por actos de corrupción que terminaron con la destitución de su responsable, Carlos Ochoa. Además se reemplaza al Consejo Consultivo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), encargado de asesorar sobre la formulación de políticas, por un organismo similar que tomará algunas de las competencias de SUPERCOM.
Otros aspectos centrales de la reforma que propone el gobierno de Moreno son la eliminación de la figura de “linchamiento mediático” y que toda la comunicación es un servicio público. En paralelo al tratamiento legislativo del proyecto, el Presidente Lenin Moreno pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este último aspecto, cuya decisión será incluida en el ordenamiento jurídico nacional.
A nivel institucional, con la eliminación de la SUPERCOM, se establece que sus funciones serán repartidas entre la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación -que reemplazará a CORDICOM-. Este Consejo, definido como organismo colegiado con autonomía financiera, administrativa y funcional, se encargará de la regulación de contenidos, entre otras cuestiones, y sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio.
El texto del Ejecutivo elimina la figura de defensor de las audiencias, que sería elegido directamente por el Estado en cada uno de los medios de comunicación y plantea que la Defensoría del Pueblo se encargue de las afectaciones que los medios de comunicación pudieran provocar al público.
En materia de medios públicos, se plantea una distinción entre medios de comunicación institucional -operados directamente por instituciones públicas- y medios de comunicación del público, entendidos como medios de propiedad estatal pero a disposición de la ciudadanía. En ambos casos, el financiamiento podrá provenir de recursos públicos, venta de publicidad, comercialización de productos y fondos de donaciones, patrocinio, cooperación nacional e internacional.
Sobre los medios comunitarios, el proyecto de reforma reconoce su existencia como parte del “sistema de comunicación social”, integrado por actores privados, públicos, y comunitarios y ciudadanos (artículo 45). En el proyecto se define a los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios como “medios de propiedad o administración de organizaciones de la sociedad civil y comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. Además plantea que el Estado, a través del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, será el encargado del diseño de políticas publicas para promover el fortalecimiento del ecosistema de medios ciudadanos- comunitarios a través de créditos preferentes para la conformación de medios y compra de equipos y acceso a capacitaciones.
Ante la propuesta del Ejecutivo, las organizaciones del sector comunitario iniciaron una campaña para insistir en que el proyecto contemple sus 14 propuestas.
Tras conocer el proyecto de reforma de LOC presentado por el Ejecutivo, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunió con el Presidente Lenin Moreno.
Gustavo Mohme, director de la SIP, aseguró en una entrevista con El Comercio que la propuesta de reforma “Entusiasma y eso le comunicamos al presidente (Lenín Moreno). Es un paso en una dirección apropiada. Comprendemos que la trama creada en la legislación es compleja de desmontar, sobre todo si hay un artículo en la Constitución que te obliga a tener la ley”.
Si bien Mohme valoró positivamente la eliminación de la SUPERCOM, señaló que su reemplazo por la Defensoría del Pueblo es “transitorio”. “No entenderíamos que trascienda. Si está en discusión la esencia de esta entidad, no podemos dejar que sus funciones sigan vivas en otra instancia. Entonces esto es transición y un triunfo de los periodistas ecuatorianos”, concluyó.
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