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Hiperderecho: garantías y condiciones para el reconocimiento del derecho al acceso a Internet como derecho fundamental en Perú

A partir del análisis de distintos proyectos de Ley presentados entre 2018 y 2020 que buscan declarar el acceso a Internet como derecho fundamental en Perú, la organización Hiperderecho recomienda que si se ha de reconocerlo como tal debería tener reconocimiento constitucional en forma independiente y emancipada al derecho a la libertad de expresión.

Además, la organización sostiene que también se debería reconocer la neutralidad de red como principio constitucional, prohibir los “apagones” de la red de redes y garantizar la participación multisectorial en la gobernanza de Internet.

“La pandemia actual de Covid-19 nos ha demostrado que el acceso a Internet no protege únicamente la libertad de expresión, sino que permite el ejercicio de múltiples derechos en la misma intensidad que la libertad de expresión. En efecto, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, la libertad de empresa, la libertad de comercio, el derecho de acceso a la información pública, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la libertad de asociación, son algunos de los tantos derechos que se pueden ejercer gracias a Internet”, explica Hiperderecho en su informe.

De ahí que recomiendan que “su reconocimiento constitucional debe tomar en cuenta que el acceso a Internet no protege únicamente la libertad de expresión, sino en su calidad de interdependencia, también protege y permite ejercer otros derechos fundamentales”.

La organización sostiene que junto al reconocimiento al derecho de acceso a Internet, “se debe también reconocer a la neutralidad de red como un principio constitucional ligado necesariamente al ejercicio de este derecho”. “El principio de neutralidad de red, además de impedir injerencias arbitrarias por parte del Estado en el tráfico de red, también protege la competencia y la innovación en Internet (especialmente a los pequeños y medianos emprendedores en tecnología) proscribiendo que las empresas prestadoras del servicio de acceso a Internet, sin mayor justificación, puedan preferir el tráfico hacia determinado servicio”, explica Hiperderecho.

En línea con estándares interamericanos, la organización señala que se debe garantizar a nivel constitucional la prohibición de “apagones” de Internet por parte de los gobiernos. “El Gobierno no puede tener la posibilidad de “apagar” Internet para toda una población, ello socavaría los cimientos más estructurales de todo Estado Constitucional… Que el Gobierno pueda bloquear su acceso a poblaciones enteras o a segmentos de la población es una amenaza constante a múltiples derechos, algo que no puede ser tolerado en sistemas democráticos. En este sentido, consideramos que se debe garantizar constitucionalmente dicha prohibición”, indican.

Por último, destacan que el modelo de toma de decisiones en torno a Internet involucra la participación de múltiples partes interesadas. “La forma de gobernanza de Internet solo estaría conforme a parámetros constitucionales si es que previamente se ha permitido la participación de todas las partes afectadas o interesadas por ello: la sociedad civil, las empresas, el Estado, la academia y el sector técnico. Por lo tanto, desde Hiperderecho consideramos que la reforma constitucional en torno a la incorporación del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental debe tomar en cuenta la especial forma multisectorial de la gobernanza de Internet”, concluye.

 

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