La alianza International Freedom of Expression Exchange (IFEX) de América Latina, junto a sus miembros Fundamedios y ACM, demandan la eliminación de las leyes que penalizan con multas de US$ 5 mil y hasta tres años de cárcel a quienes difundan noticias que el gobierno considere falsas sobre la pandemia de COVID-19.
“Exhortamos al gobierno de Puerto Rico a derogar las leyes que penalizan las llamadas ´noticias falsas´ y cumplir con los estándares internacionales para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión e información”, señala el comunicado.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico interpusieron una demanda ante la Corte Distrital de Puerto Rico en nombre de los periodistas Sandra Rodríguez-Cotto y Rafelli González-Cotto.
La demanda señala que la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (25 L.P.R.A. § 3501) y su enmienda con la Ley 35 del 5 de abril del 2020 atentan contra el derecho a la libertad de expresión y violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al establecer penas a los informantes de lo que el gobierno considere como «noticias falsas».
Asimismo se plantea que las leyes provocan censura previa (efecto amedrentador) a la cobertura de noticiosa del COVID-19 y otras emergencias, y dejan vulnerables ante el gobierno a los periodistas que cuestionen su trabajo.
“Las leyes proveen a los ciudadanos muy pocas guías sobre qué puede constituir un crimen y confieren demasiada discrecionalidad al gobierno para decidir a quién enjuiciar. Como consecuencia, las leyes paralizan una porción importante de los reportajes sobre la crisis generada a raíz de la pandemia de COVID-19 y otras emergencias, concretamente porque los periodistas correrían el riesgo de ser enjuiciados por sus trabajos investigativos”, expresa el comunicado de IFEX-ALC.
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