“Nuestra plataforma aloja y sirve a las conversaciones, esas conversaciones son públicas”, aseguró Jack Dorsey, CEO de Twitter frente a la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Allí se presentó para testificar ante las acusaciones de interferencia extranjera en el proceso electoral de Estados Unidos en 2016.
El ejecutivo reconoció que “abuso, acoso, ejércitos de trolls, propaganda a través de bots y coordinación humana, campañas de desinformación y burbujas de filtro divisivas, no es una esfera pública saludable”. Luego afirmó que “tomamos la responsabilidad total para arreglarlo”.
“Twitter no usa ideología política para tomar decisiones, sean relativas a rankear contenido en nuestros servicios o cómo aplicamos nuestras reglas… no bloqueamos a nadie en base a la ideología política. De hecho desde una simple perspectiva de negocio y para servir a la conversación pública, Twitter tiene incentivos para mantener a todas las voces en la plataforma”, aseguró el CEO de Twitter en el discurso al que tuvo acceso OBSERVACOM.
Allí también se indica que “además de asegurar que no estamos sesgando el algoritmo deliberadamente, es nuestra responsabilidad entender, medir y reducir estos sesgos accidentales… creemos que esto es un paso importante para asegurar la legitimidad sobre cómo aperamos y también sabemos que es crítico que seamos más transparentes sobre nuestros esfuerzos en este espacio”.
Las declaraciones de Dorsey reafirman la noción de espacio público en que se han convertido estas plataformas y el rol de los intermediarios como gatekeepers privados, con una gran capacidad de incidencia en el flujo de informaciones y opiniones en Internet. Por esta razón, desde la perspectiva de OBSERVACOM no es admisible que los gigantes de Internet sólo se autorregulen, sin estar sujetos a reglas democrárticas que garanticen la protección de la libertad de expresión y mantener una Internet libre y abierta.
Por eso OBSERVACOM propuso este año al Relator de Libertad de Expresión de ONU, David Kaye –en la consulta pública sobre regulación privada de contenidos- que los grandes intermediarios deberían “estar sujetos a obligaciones públicas, en tanto espacios públicos cruciales para la democracia y el ejercicio de derechos”. Esta perspectiva también se justifica cuando se confirma que las plataformas principales tienen un poder de mercado importante y ofrecen servicios que pueden considerarse esenciales. Su cuota de mercado e impacto en servicios esenciales como búsquedas, redes sociales y plataformas audiovisuales les otorga una dimensión pública innegable y requiere, como mínimo, regulaciones que garanticen la diversidad y el pluralismo.
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