«Centroamérica y sus democracias enfrentan el enorme desafío jurídico, político, cultural e institucional de desarrollar un enfoque de derechos humanos en las comunicaciones, lo cual obliga necesariamente a desmontar el hipermercantilismo que ha caracterizado el mapa mediático regional.”
Oscar Pérez y Armando Briñis*/Noviembre 2015.
En la región centroamericana la concentración de medios en oligopolios comerciales (www.voces.org.sv) ha sido uno de los principales obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, sobre todo porque se ha vuelto una barrera para que exista un sistema de medios diverso y plural.
Sin lugar a dudas, el impacto que genera la concentración en la propiedad de los medios de comunicación en oligopolios mediáticos comerciales plantea una barrera infranqueable para que otros sectores de la población centroamericana puedan difundir el pensamiento propio; igualmente dificulta que la ciudadanía pueda recibir opiniones e informaciones distintas a las ya establecidas por las agendas mediáticas de estos oligopolios comerciales, afectando así la calidad de la democracia regional.
Durante el 156 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizó la audiencia
sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Centroamérica, participando la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Subregión Centroamérica), Cultural Survival, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala (ARCG), la Asociación Sobrevivencia Cultural, la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos), el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), Mujb´ab´l yol (Encuentro de Expresiones) y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH).
Barreras a la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación.
Centroamérica y sus democracias enfrentan el enorme desafío jurídico, político, cultural e institucional de desarrollar un enfoque de derechos humanos en las comunicaciones, lo cual obliga necesariamente a desmontar el hipermercantilismo que ha caracterizado el mapa mediático regional.
Los Estados de Guatemala, Honduras y El Salvador al no contar con Políticas Nacionales de Comunicación y marcos jurídicos que promuevan y protejan eficazmente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la ciudadanía, se encuentran a merced de graves vacíos estructurales que amenazan la salud, estabilidad y progreso de su sistema político. Incluso, cualquier política pública o marco jurídico político que regule a la radio y la televisión que no goce del consenso de todos los sectores que hacen comunicación y que no garantice opciones reales de equilibrio en el funcionamiento de los medios públicos, comerciales y comunitarios -sin temor a equivocarnos-, fracasará en su intención de fortalecer una mayor pluralidad de voces, la libertad de expresión y la calidad de la democracia.
Ante la situación de constante amenaza contra la libertad de expresión, las organizaciones antes mencionadas expresaron su posición ante la CIDH, especialmente como bajo esta lógica comercial que impera en Centroamérica, no es difícil explicar que en Guatemala, Honduras y El Salvador, las normas jurídicas no regulan a la comunicación como un derecho humano; lejos de ello, el marco jurídico o leyes de telecomunicaciones se han puesto al servicio de los monopolios y oligopolios mediáticos comerciales, afectando visiblemente la pluralidad de voces y la libre circulación de opiniones e ideas de todos los sectores sociales en la región. En suma, afectando la calidad de las incipientes democracias centroamericanas.
Sobre los efectos que preocupan y que se generan por esta ausencia de Políticas Nacionales de Comunicación y marcos jurídicos, y que afectan la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en Centroamérica, se señalan los siguientes:
1. La concentración de los medios de comunicación. Esta situación cada vez más creciente en Centroamérica afecta directamente la libertad de expresión, el fomento de la pluralidad de voces y a la calidad del debate democrático.
2. La Radiodifusión Comunitaria es la invisible y criminalizada. En Centroamérica existe una abrumadora y agresiva presencia del sector de la radiodifusión comercial. En las leyes sobre telecomunicaciones no se concibe la radiodifusión sin fines de lucro o la radiodifusión comunitaria. Salvo el caso de Honduras, donde se ha emitido un frágil reglamento para este tipo de emisoras.
Por ello, las radios comunitarias se han visto obligadas a funcionar en un sistema jurídico marcadamente adverso, diseñado dentro una lógica mercantilista y en el cual este tercer sector de las comunicaciones funcionará siempre en total desventaja.
3. En la región se mantiene una limitada o nula pluralidad de voces que se expresan en el concentrado sistema de medios centroamericano. Se trata de una suerte de homogenización de las agendas informativas, ya que las prioridades noticiosas están determinadas por el interés de los propietarios y por los parámetros dictados por el mercadeo y la publicidad, sin que necesariamente se tenga presente el interés colectivo de la información. Los paradigmas que se difunden tienden a reproducir un ideal de sociedad basado en la tradición conservadora, el individualismo, el autoritario, el patriarcado y los patrones de consumo que llegan de países del norte.
4. La publicidad oficial de los Estados centroamericanos se continúa utilizando para premiar o castigar a los medios. No existen normas secundarias sobre publicidad oficial. El gasto publicitario del Estado es decidido normalmente en las altas esferas del poder ejecutivo, para premiar o castigar, atendiendo más a las simpatías o antipatías políticas que a criterios técnicos de audiencia o cobertura o a la promoción de la existencia de más medios y más pluralidad de voces.
Frente a esta situación centroamericana donde se encuentra amenazado el derecho a la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación, se valoró por los demandantes la urgencia de que la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión vuelvan su mirada y acompañen todos los esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil centroamericana para que conjuntamente trabajemos por una mayor libertad de expresión y pluralidad de voces, como caminos para fortalecer la calidad de la democracia en la región.
*Integrantes de la Fundación Comunicándonos y VOCES Diario digital.