Organizaciones de la sociedad civil, reguladores y empresas debatieron sobre los desafíos que enfrenta la responsabilidad de los intermediarios de Internet en América Latina, en el marco de la Reunión Regional de Latinoamérica y El Caribe Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (LAC-IGF, por sus siglas en inglés) que tiene lugar en Costa Rica del 26 al 29 de julio.
Desde la sociedad civil, Alejandro Pisanty, de ISOC México, señaló que antes de generar una regulación sobre responsabilidad de intermediarios se debe poner a prueba “si afecta la interoperabilidad, si afecta la apertura (conectar), si afecta el principio de punta a punta (a la red se le hace tomar decisiones que se deben tomar en las orillas), si rompe la escalabilidad y la robustez”.
A partir de estas premisas como indicadores para determinar si hay o no que regular Internet y qué responsabilidades les caben a los intermediarios, Pistany se refirió al caso del derecho al olvido y concluyó que “si (la regulación) no cumple con esto, va en contra del diseño de Internet”. Señaló que, en este sentido, “el derecho al olvido falla en todos los criterios de una manera dramática”.
Por su parte, Carlos Guerrero, de la ONG peruana Hiperderecho, señaló jurisprudencia que considera la responsabilidad de intermediarios desde una óptica objetiva. Desde su perspectiva, el enfoque adecuado sobre la responsabilidad de intermediarios es el de la privacidad. “Basta con identificar que se trata de datos personales” para dar cuenta de la responsabilidad de los buscadores por tratarse de una actividad riesgosa en la medida que el intermediario tiene responsabilidad objetiva al poner a disposición contenidos que violan derechos de alguien.
Comentó que en Perú se presentó el primer caso en el que se aplicó la doctrina del derecho al olvido, que refiere a la desindexación del contenido para que no sea accesible en los motores de búsqueda, y se sancionó a Google. A su vez planteó que la desindexación es un mecanismo ineficiente porque “no hace que desaparezca el contenido, sino que es más difícil encontrarlo, además permite que la información de interés público sea removida por un actor privado”.
“Los desafíos en región y, en particular en Argentina pasan por el establecimiento de regulación específica y que (la responsabilidad de intermediarios) no se rija por principios básicos generales de responsabilidad civil”, explicó Cecilia Pérez Araujo, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de Argentina.
Por su parte, Carlos Humberto Ruiz Guzmán de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia señaló que “una forma de cómo hacer mejor las cosas es la participación de múltiples partes interesadas para aplicación de reglas”.
Pérez Araujo mencionó el caso pionero en la región: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en 2015 en el caso de la modelo Belén Rodríguez por daños y perjuicios contra Google en el que se determinó que no había responsabilidad de intermediarios. Sin embargo, indicó que, desde su perspectiva, la sentencia tiene “poca claridad respecto de cómo tiene que ser la notificación previa, si puede ser notificación privada u orden judicial. Se dijo que la notificación rige como principio… se deja en manos de privados el bloqueo y acceso a determinados sitios, lo que vulnera la libertad de expresión”, manifestó.
En representación de Google Brasil, Marcel Leonardi señaló que el Marco Civil de Internet fue una buena influencia para el mercado. Señaló que Brasil tomó una perspectiva de responsabilidad subjetiva que determina que el intermediario “solo puede ser forzado a remover contenido si hay una orden judicial”. No obstante, señaló una debilidad del Marco Civil en la medida que “no obliga a los intermediarios a avisar a los usuarios cuando se piden sus datos para una investigación”.
Foto tomada de: LACIGF9
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