Los significativos adelantos de la reforma constitucional de telecomunicaciones se diluyen ante el paquete de leyes secundarias propuestas por el Presidente al Congreso y ha desatado la inconformidad social en el país…
Raúl Trejo Delarbre*. México. Mayo de 2014.
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En la primavera de 2013 el gobierno de México respaldó la reforma constitucional que estableció una de las legislaciones más avanzadas en América Latina para regular a la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Un año después ese mismo gobierno propuso, para reglamentarla, una ley que se contrapone con varias de las coordenadas centrales de aquella reforma constitucional.
La Constitución mexicana dispone, desde junio de 2013, la existencia de un organismo regulador con amplias atribuciones para normar a empresas tan fuertes como Telmex y Televisa -que acaparan los mercados de telefonía y televisión, respectivamente-. También hay reglas para promover la competencia en tales sectores. Se crearon garantías para el desarrollo de medios públicos y comunitarios, se anunciaron respaldos a la producción audiovisual independiente. Habría, además, un impulso organizado y con criterios no comerciales para una red nacional de banda ancha.
A fin de que se puedan cumplir esas disposiciones, que ocupan abultados párrafos especialmente en los artículos 6º. y 28º de la Constitución mexicana, hace falta una ley reglamentaria. Sin embargo el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso a fines de marzo pasado, contradice los temas principales de la reforma constitucional.
Al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones , se le quitan facultades en áreas como la regulación de contenidos en radiodifusión. Las reglas para determinar la dominancia en mercados de telecomunicaciones son severas, pero resultan muy laxas en el caso de la radiodifusión (en tanto la Constitución considera “agente económico preponderante” al que tenga más de la mitad de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico en redes, la propuesta del presidente indica que en el caso de la televisión y la radio la preponderancia se mediría únicamente a partir de la audiencia).
En cambio las medidas para delimitar al monopolio telefónico son tan estrictas que se establece una tasa cero para el costo de las interconexiones que las empresas de menores dimensiones podrían hacer a cargo de la infraestructura del consorcio dominante. Las telefónicas que rivalizan con las empresas de Carlos Slim no tendrían que pagar un solo centavo para que sus llamadas y mensajes fueran conducidas por las redes inalámbricas de ese magnate.
En la iniciativa de Peña, al nuevo organismo de radiodifusión pública creado por la reforma de 2013 se le supedita al gobierno, contradiciendo la autonomía que le confiere la Constitución. A los medios comunitarios e indígenas, se les niega el derecho a vender espacios publicitarios y se les sujeta a tortuosas y costosas gestiones administrativas. No hay medidas para favorecer la producción independiente, ni para auspiciar contenidos de calidad en televisión y radio.
En vez de providencias para que Internet crezca, con precios más bajos y velocidades y capacidades más amplias, el gobierno propuso normas que le permitirían censurar contenidos en línea, así como disponer de las bases de datos de las empresas telefónicas para localizar personas e intervenir llamadas y otras comunicaciones sin que para ello se requiriese una orden judicial.
En otras palabras, los significativos adelantos de la reforma constitucional de 2013 serían obstaculizados con la reforma que crearía la legislación secundaria en 2014. La decisión del año anterior para enfrentar a los consorcios comunicacionales aplicándoles una regulación estricta y capaz de suscitar nuevos competidores se cumple en las normas para telefonía pero es insuficiente para regular a las televisoras, especialmente a Televisa.
¿Qué sucedió en menos de nueve meses para mudar así la decisión regulatoria del gobierno mexicano? Uno de los motivos de ese viraje fue la ruptura del Pacto por México, la coalición política integrada por el gobierno y los tres partidos de dimensiones nacionales, que permitió esa y otras reformas.
Durante casi un año esa alianza logró cambios importantes en las reglas para la evaluación de la enseñanza básica, la organización de las elecciones y las telecomunicaciones y los medios. Pero el Pacto dejó de funcionar cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo abandonó en desacuerdo con las reformas constitucionales para explotar y administrar el petróleo y la electricidad. El PRD, identificado con la izquierda, fue el promotor más activo de las reformas constitucionales para telecomunicaciones.
Sin el contrapeso que en la mesa de negociaciones ejercían el PRD y eventualmente el Partido Acción Nacional (PAN), la ley reglamentaria para telecomunicaciones y radiodifusión fue preparada en las oficinas del gobierno con más atención a los intereses de Televisa que a los lineamientos constitucionales. El Senado recibió ese proyecto la última semana de marzo. Un mes más tarde el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el senador Javier Lozano, miembro del PAN, presentó un polémico proyecto de dictamen que avaló, con escasos cambios, la iniciativa del presidente Peña.
En las redes sociodigitales se extendió la inquietud ante la posibilidad de censura en Internet. Hubo cierta exageración en esa respuesta porque la iniciativa presidencial no ocasionaría una censura generalizada e inmediata de la Red de redes, aunque sí permitiría la intervención del gobierno.
A esa cruzada en línea se añadieron movilizaciones en las calles que impugnaron la propuesta presidencial porque beneficiaba a Televisa. La descalificación en bloque a la iniciativa de Peña se ha encontrado en el filo de un espinoso dilema entre la lid por la diversidad y la apertura de medios y telecomunicaciones y, por otra parte, la defensa de intereses corporativos.
El rechazo a la iniciativa del gobierno expresó el disgusto de esa sociedad organizada contra la influencia comunicacional y política que ha alcanzado Televisa. Pero, aunque no se lo propusieran, los promotores de esa impugnación beneficiaron los intereses de Telmex porque, entre muchas otras disposiciones, la propuesta de ley afecta los negocios de ese consorcio, especialmente con la tarifa cero al precio de interconexión.
Esa convergencia de intereses, indeseada para la mayor parte de los ciudadanos que cuestionaron la propuesta presidencial, se manifestó la mañana del 26 de abril cuando los grupos que impugnan la iniciativa organizaron una “cadena humana” de la residencia del Presidente de la República, a las oficinas de Televisa. A esa cadena acudieron, uniformados y organizados, varios centenares de trabajadores de Telmex preocupados porque la iniciativa del gobierno afectaría el negocio telefónico de Carlos Slim y ellos recibirían menos prestaciones laborales.
Esas protestas, y sin duda también la inconformidad del monopolio de la telefonía, condujeron al Senado a posponer hasta junio la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones. Todavía no gana Televisa, ni pierde Telmex. Lo deseable sería que la ley reglamentaria respete la Constitución, establezca límites a los monopolios y reivindique a los medios públicos y sociales… aunque no les guste ni a Televisa ni a Telmex.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM).