Si bien es cierto que no existe una experiencia exitosa a nivel mundial que encuadre este desarrollo, la de Argentina fue una oportunidad perdida, con efectos relevantes para la dinámica de los sectores en el mercado y que generen condiciones de un debate público robusto…
Santiago Marino*/ Argentina, julio 2014
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Desde hace cinco años en Argentina se debaten una serie de cuestiones en torno a los medios de comunicación con una intensidad nunca antes registrada. Los intercambios enfocan tanto en el rol político que juegan los grandes grupos, como en su capacidad de instalar temas en la agenda, en los elementos económicos del sector, la conformación de oligopolios y los abusos de posiciones dominantes. También se discute la cuestión regulatoria, es decir, en el modo en que el Estado reguló una actividad central para la democracia, a partir de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
Poner en cuestión a los medios es un aspecto positivo del presente. Pero no sucede sin contraindicaciones. En las discusiones sobresalen miradas polarizadas. Lejos de enriquecer el debate para que los ciudadanos (que también son usuarios, receptores y consumidores de medios) comprenda cuánto los afecta en sus vidas cotidianas, se simplifica un tema complejo, que se compone de aristas tecnológicas, económicas, políticas y socio-culturales.
De la LSCA y de su complicado proceso de aplicación se escribió mucho en este tiempo. Se criticaron innumerables aspectos con acierto y equilibrio. En muchas oportunidades también se la evaluó con sesgo y prejuicio. Dentro de esa dualidad, la afirmación más instalada desde espacios críticos sostiene que “la Ley nació vieja”. Esta es una idea que omite la diversidad de aspectos que implicó el debate, su sanción y su demorada aplicación. Y que impide un intercambio que articule argumentos y contemple todas las variantes en juego. Pero que, a su vez, condensa en esas cuatro palabras un planteamiento con algunos aspectos razonables.
El proceso y la exclusión de temas clave
La LSCA fue aprobada luego de varios meses de discusión en la esfera pública y de la realización de foros que habilitaron instancias de participación ciudadana. Durante su trayecto en el Congreso se realizaron cambios al texto original. Y luego de su sanción, siguió un periplo judicial que demoró –junto a las malas decisiones de la administración gubernamental- su aplicación plena. Y terminó en octubre de 2013 con el fallo de la Corte Suprema que avaló la constitucionalidad de la norma de modo integral.
Se inserta en una tradición de regulación históricamente beneficiosa para los intereses privados-comerciales. Y en un sistema de medios fuertemente concentrado en su estructura de propiedad, centralizado en la generación de contenidos, y con participación relevante de capitales extranjeros. Entre sus objetivos principales se destacan la inclusión de diversos sectores en la gestión de medios (estatales, comerciales y sin fines de lucro) y los límites a la concentración de la propiedad, expresados en los topes en cantidades de licencias (24 para operar TV cable, 10 para radiodifusión abierta), en el dominio del mercado (35 %) y en la prohibición de propiedad cruzada, tanto entre el sector de telecomunicaciones y el audiovisual como para la operación de TV abierta y de pago en la misma zona de cobertura.
A la hora de pensar en qué se basan aquellos que afirman que “la ley nació vieja” y qué implica eso, es necesario destacar dos aspectos. En primer lugar, no permitió el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al sistema audiovisual. En segundo término, no reguló la cuestión de la TV Digital, para lo cual definió únicamente que los actuales licenciatarios de TV abierta no verán afectados sus derechos cuando suceda el apagón analógico, y recibirán una señal “en espejo” en entorno digital.
De este modo las potencialidades que la LSCA tiene para el desarrollo de un sistema con mayor diversidad y democracia chocan contra una estructura de distribución de contenidos de altísima penetración y fuertemente concentrada, sin que la convergencia pueda dinamizarlo. Y con la convivencia de tres políticas distintas para tres sectores del espacio audiovisual (TDT, Cine y LSCA) que trabajan paralelamente temas que deberían ser gestionados de modo integral.
Definiciones técnicas
La convergencia entre sistemas de telecomunicaciones (transmisión de datos, telefonía e Internet) y el audiovisual (distribución de contenidos mediante un vínculo que puede ser el aire, cable o satelital, gratuito o de pago) ya es posible en términos técnicos y se instala en el uso social. Su exclusión de la LSCA implicó haber dejado pasar una oportunidad importante de conducir el proceso, establecer condiciones de competencia para un mercado dinámico, y condicionar los niveles de concentración de la propiedad, que sólo tiene efectos negativos (económicos y simbólicos) para los ciudadanos, usuarios y consumidores.
El sistema de medios de la Argentina, con altos niveles de concentración y fuerte presencia de capitales extranjeros, convive además con el crecimiento relevante de las conexiones al servicio de Internet de alta velocidad. Y en las capas más altas de la sociedad, emerge un tipo de consumo de contenidos audiovisuales vía web, que busca consolidar modelos de negocios, oscila entre los accesos gratuitos y los portales que distribuyen contenidos mediados por el pago. Pero no hay regulación al respecto.
Los modos y usos sociales de los medios que se expanden muestran la convivencia de una serie de fenómenos: fragmentación de los públicos a partir de la oferta, crisis de niveles de consumo masivo, diversidad de tiempos de visionado (permitido por Internet y expandido en los jóvenes), interacción vía redes sociales para discutir los contenidos, entre otros. Muchas de esas prácticas no están reguladas. Como tampoco se ve encuadrado el proceso de distribución ni el modelo de negocio, que crece.
Si bien es cierto que no existe una experiencia exitosa a nivel mundial que encuadre este desarrollo, la de Argentina fue una oportunidad perdida, con efectos relevantes para la dinámica de los sectores en el mercado y que generen condiciones de un debate público robusto.
*Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Mag en Comunicación y Cultura, Director Maestría en Industrias Culturales (UNQ), docente e investigador UBA¨, UNQ, USAL, @santiagomarino