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Medidas estatales para contener los efectos de la pandemia para el sector audiovisual y los usuarios de servicios TIC

Para intentar contener los efectos de la pandemia por COVID-19, los gobiernos de América Latina han planteado una serie de medidas económicas para ayudar al sector de medios de comunicación. Estas medidas incluyen ayudas para el pago de salarios, líneas de crédito, aplazamiento o suspensión de plazos para el cumplimiento de obligaciones de pago al regulador, entre otras.

En Argentina, las medidas gubernamentales contemplan subsidios para el pago de salarios e inversión en publicidad oficial, según informa el investigador argentino Agustín Espada.

Respecto de lo primero, mediante el programa “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP), el Estado se hace cargo de hasta el 50% de los salarios de los trabajadores de hasta US$ 33.

De este modo, distintos medios gráficos  (La Nación Revista, Editorial Atlántida, Diario Popular, Editorial Perfil, Ámbito Financiero, Agencia Noticias Argentinas); señales de TV abierta y de TV paga (Telefe, Crónica TV, C5N, Torneos) y radios (Radio 10 e Indago Radios, Radio Mitre y La 100, Cadena 3, AM 750, Radio del Plata y Radio Cultura) accedieron a la ayuda estatal.

Desde el oficialismo se presentaron en el Congreso dos proyectos, el primero busca producir el congelamiento total de tarifas de todos los servicios TIC, retrotrayéndolos a los valores del 1º de febrero, y otro, que prohíbe a las compañías la suspensión o corte de servicio por mora o falta de pago durante el período de emergencia.

De acuerdo con el consultor Enrique Carrier, esta iniciativa iría en contra del acuerdo que vienen manteniendo con las empresas ya que “no se trata de ofrecer un servicio reducido sino del originalmente pactado”. Además, “con los valores de morosidad actual, del orden del 20% luego de que reabrieran las bocas de pago en efectivo como Rapipago o Pago Fácil, esta prohibición sería una invitación al no pago, con consecuencias no deseadas en la ecuación económica de las empresas que repercutirían, sin lugar a dudas, en sus inversiones y gastos corrientes”, concluye.

En el caso de Brasil, la Agencia Nacional de Cine (ANCINE) aprobó un paquete de medidas para mitigar la situación del COVID-19 en el sector. Las mismas consisten en líneas de crédito de emergencia para el sector audiovisual para mantener los empleos y empresas del sector, incluyendo a los exhibidores propietarios de salas de cine actualmente cerradas. Los recursos disponibles son US$ 46 millones para operaciones directas, provistos por BNDES, y US$ 25,6 millones para operaciones indirectas por parte del Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BDRE).

Las medidas también incluyen la suspensión por seis meses del pago de créditos contratados al BNDES con recursos del Fondo Sectorial Audiovisual y la suspensión de plazos y diligencias que vayan en detrimento de las empresas, de modo general.

En Bolivia, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) estableció que los proveedores de telecomunicaciones a nivel nacional que no pueden cortar los servicios de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Internet Fijo, Internet Móvil y TV Cable durante la emergencia sanitaria y deben garantizar la continuidad de sus operaciones y diferir por tres meses el cobro de los servicios. El organismo dispuso una plataforma online y un número de WhatsApp para que los usuarios puedan reportar cortes de servicio.

En Colombia, mediante el Decreto 658 del 13 de mayo de 2020, se definió que se aplacen por seis meses los pagos por contraprestaciones de TV abierta privada que vencen en 2020, una vez que concluya el período de emergencia sanitaria.  A su vez, se extiende hasta 2021 la obligación de pago anual de estas empresas.

El decreto también indica el aplazamiento hasta el 2021 de los períodos de pago de aportes al Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones (FUTIC) por parte de compañías de TV abierta, radiodifusión sonora comunitaria y TV comunitaria sin fin de lucro.

Por último, la nueva normativa dispone “financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19”.

En el caso de Perú, mediante el decreto N° 010-2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó hasta el 3 de septiembre el plazo para que los titulares de autorizaciones de servicios de radio y televisión y de los servicios privados de telecomunicaciones cumplan con sus obligaciones económicas.

También dispuso la suspensión temporal del cobro de intereses a los prestadores por omitir la presentación de la declaración y/o pago de tasa por explotación comercial y el pago del canon para radio y TV.

Además, se amplía el plazo hasta el 3 de diciembre para la presentación de las solicitudes de renovación de autorización para la prestación de los servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones a nivel nacional.

En México, como hemos publicado previamente, el gobierno de AMLO redujo el tiempo fiscal para emisoras de radio y TV en México, lo cual generó fuerte críticas desde organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Derecho a la Comunicación (AMEDI).

 

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