OBSERVACOM junto con la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina e Intervozes de Brasil presentaron un documento donde proponen un “Pronunciamiento Latinoamericano de la Sociedad Civil” para participar del debate global sobre responsabilidad de intermediarios y la regulación privada de contenidos con “una perspectiva propia, independiente y democrática” y avancen en la elaboración de una “regulación inteligente” que tenga como finalidad proteger a los usuarios del creciente poder de las grandes plataformas de Internet, así como promover y garantizar una Internet libre y abierta.
Los seis puntos incluidos en el documento aluden a la necesidad de actuar frente al rol de las plataformas privadas como gatekeepers del flujo de información en Internet; la preocupación por decisiones propias de las plataformas –o iniciativas legales que las avalen- que las transformen en los jueces o policías privados de lo que es falso o verdadero; los riesgos que la concentración en la capa de aplicaciones genera para la libertad de expresión; y la polarización del debate entre autorregulación y regulación abusiva, que se pretende superar con un tercer camino. En este sentido es que las organizaciones proponen avanzar en la elaboración de una propuesta de regulación inteligente y democrática basada en los principios de derechos humanos.
El punto de partida de la propuesta es la preocupación de las tres organizaciones por “por la creciente intervención privada de las grandes tecnológicas en el libre flujo de información en Internet… con impactos diversos, incluso negativos en la libertad de expresión mediante restricciones directas (censura mediante remoción o bloqueo de contenidos de usuarios, incluyendo filtrado automático y previo) o indirectas (priorización o reducción de alcance) de contenidos legítimos”.
En este sentido, las organizaciones consideran que “la necesidad de actuar ante este rol de gatekeepers se convierte en una tarea urgente en las actuales democracias en tanto algunas plataformas se han convertido en los nuevos espacios públicos de información y deliberación democrática, lo que aumenta las exigencias que ya tiene cualquier empresa privada en el respeto de los derechos humanos”.
Otro de los aspectos que aborda el documento es el tema de la responsabilidad de los intermediarios. Las organizaciones consideran que “no deben tener responsabilidad objetiva sobre contenidos generados por terceros”. Por eso ven “con preocupación decisiones propias de las plataformas –o iniciativas legales que las avalen- que las transformen en los jueces o policías privados de lo que es falso o verdadero, o de lo que es “inapropiado”, “indecente” o “violento”, deciden la invisibilización, bloqueo o remoción de esos contenidos, violando principios fundamentales de derechos humanos”.
El documento a su vez plantea que este tipo de prácticas se producen en un escenario de concentración, lo que agrava su impacto. “La situación de concentración se produce en la capa de conectividad (empresas de telecomunicaciones) como en la capa de plataformas o aplicaciones (empresas de Internet) y representan un serio riesgo para una Internet libre, neutral y abierta, erosionando tanto el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión como el derecho a la competencia”, explica el documento.
El cuarto punto de la propuesta de las organizaciones tiene que ver con la polarización entre los planteos de autorregulación por las propias plataformas vs. regulación abusiva de los Estados. Aquí, las organizaciones sostienen que “la autorregulación debe formar parte de una solución adecuada a estos problemas pero no puede ser el único camino a recorrer en el actual desarrollo de Internet”.
“El poder de gatekeepers que tienen los gigantes tecnológicos exigen que las sociedades democráticas sean capaces de establecer limitaciones a esos poderes (sean estatales o privados) para garantizar la efectividad de los derechos y libertades reconocidos, así como el predominio del interés general y público”, expresa el documento.
En base a todos los aspectos anteriores, las organizaciones proponen avanzar en “una regulación de la actuación de los dueños de esas plataformas con el objetivo de proteger a sus usuarios ante su creciente poder en Internet”.
“La propuesta de regulación democrática”, aclaran las organizaciones, “deberá nutrirse de los principios y recomendaciones surgidas en espacios multistakeholders y aprobadas por organismos internacionales de libertad de expresión y derechos humanos (como UNESCO y las Relatorías de Libertad de Expresión de la CIDH y Naciones Unidas)”.
Por último, las organizaciones hacen un llamado a otras organizaciones de derechos digitales para promover espacios de diálogo e intercambio en ámbitos nacionales e internacionales a partir de acciones de monitoreo, identificación de violaciones e investigaciones. Asimismo manifiestan el “compromiso de desarrollar activas estrategias de incidencia en organismos internacionales y ante reguladores, policy makers y Congresos de los países de América Latina para lograr los objetivos planteados”.
ENLACE A LA GRABACIÓN DEL FORO
ENLACES RELACIONADOS: