El observatorio de las telecomunicaciones de México (Observatel) promovió un amparo para instar al gobierno de México a que cumpla con su mandato constitucional y con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y elabore una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU).
“La falta de una política digital con metas anuales y sexenales obstaculiza el acceso de la población a las TIC y a la conectividad universal en condiciones de igualdad, equidad, libertad y en un entorno seguro y confiable”, sostiene el comunicado.
Además plantea que “propicia que las autoridades del Estado mexicano tomen decisiones que alejan a la población de la digitalización, por ejemplo, la imposición de mecanismos de censura en internet como el de ‘notificación y retirada’, sanciones desproporcionadas (bloqueo) a prestadores de servicios digitales que incumplan con obligaciones fiscales, establecimiento de precios elevados de espectro radioeléctrico que dificultan el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil “PANAUT), entre otras medidas contrarias a la digitalización que se han adoptado recientemente en nuestro país”.
“El amparo de Observatel busca que todas las autoridades involucradas en la elaboración de la PIDU inicien cuanto antes las acciones pendientes para materializar este mandato constitucional y, de esta forma, garanticen de manera efectiva el derecho humano de acceso a las TIC y a la conectividad”, concluye la organización.
La acción de amparo tramita actualmente en el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
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