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Proyecto de ley del oficialismo sobre espectro radioeléctrico recibió fuertes críticas de organizaciones sociales y de prensa de Perú

El congresista oficialista Abel Reyes (Perú Libre) presentó un proyecto de ley busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. La iniciativa generó fuertes críticas desde organizaciones sociales y de prensa.

El proyecto de ley N° 269/2021-CR, de cuatro artículos, indica que los medios de comunicación son un servicio público en competencia y establece una serie de deberes del Estado en relación al uso del espectro, entre ellas, debe “prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, el acaparamiento o la monopolización de las frecuencias de radio y televisión”. El otro artículo señala que el gobierno puede, en caso de emergencia, “dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”. Además indica que, con carácter excepcional y transitorio, el gobierno puede asumir la prestación directa de determinados servicios o la explotación de redes de telecomunicaciones, cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia.

Organizaciones sociales y de prensa cuestionaron la iniciativa de la bancada del presidente Pedro Castillo. Desde el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú consideraron que la propuesta amenaza la libertad de expresión y es inconstitucional. “El proyecto hace a un lado la ley que norma el funcionamiento de los medios que son concesionarios del espectro electromagnético (radios, televisoras), la cual establece sus derechos y obligaciones sin desmedro de su independencia. Hay un peligro expropiatorio implícito, pues le otorga al Ejecutivo una facultad vaga para distribuir de manera “justa y equitativa” el espectro radioeléctrico. También tiene carta abierta para asumir de manera directa la prestación de determinados servicios en “casos de emergencia… El IPYS encuentra detrás de la propuesta un propósito controlar contenidos de los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización”, dice el comunicado.

En forma similar, el Consejo de la Prensa Peruana sostuvo que es un “proyecto de ley confiscatorio contra los medios de comunicación”, que “pretende intervenir en los contenidos inforativos”.

A su vez, el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca Rey, dijo a La República que considera que el proyecto es muy genérico, al abarcar no solo a la radio y televisión, “sino que puede alcanzar a los medios escritos e incluso a la web y a todo medio que brinde información desde cualquier plataforma”. Además señala que el proyecto esconde el interés “de dictar la agenda a los medios para que se hable o informe lo que, de acuerdo al criterio del Ejecutivo, sea lo más objetivo y beneficioso para el país, quitándole a los periodistas la posibilidad de análisis y críticas contra el Gobierno, y dejando sin posibilidades de fiscalización a los periodistas”.

Tanto IPYS como el Consejo de la Prensa Peruana exhortan al Ejecutivo a que suscriba tanto a la Declaración de Chapultepec como la de Salta.

Por su parte, el abogado en derecho digital Erick Iriarte dijo a Perú 21 que el proyecto ”va contra el secreto a las comunicaciones y acceso a la información”. Explicó que la utilización del espectro, “que normalmente es conocido por la radio y televisión pero también el internet móvil, por ejemplo, va a poder ser controlado por el Estado (…) Y, aquí cambia la figura, porque entonces ya no se trata de un tema de libertad de expresión, de prensa, sino de los secretos de comunicaciones, de los individuos y la libertad al acceso de información”.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, consideró que el proyecto pone en riesgo la libertad de expresión. “Estos proyectos suelen llevar inserto un virus de censura, de intención de controlar el debate ciudadano. La ley tal y como está redactada deja un amplio margen para la discrecionalidad, una ambigüedad en algunas expresiones como, por ejemplo, en el artículo 2 cuando se habla de la justa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico para la radio, televisión y otros medios de comunicación. Esa expresión ´otros medios de comunicación’ realmente abre una puerta enorme para controlar todo tipo de medios”, dijo a El Comercio.

La Defensoría del Pueblo, según publicó La República, pidió que se archive o retire el proyecto de Ley de Perú Libre por considerar que afectaría el ejercicio de la libertad de expresión. “El proyecto podría originar que el Ejecutivo adopte medidas arbitrarias durante los estados de emergencia, las mismas que pondrían en riesgo las libertades de expresión e información”,  señaló la Defensoría según el diario La República.

Frente a las críticas, Perú Libre emitió un comunicado desmintiendo la intervención sobre medios de comunicación.

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