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Organizaciones sociales mexicanas solicitan visita del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH

Una importante delegación de la sociedad civil mexicana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mecanismos de censura que, entre otras cuestiones, involucran la concentración de medios, que atenta contra la diversidad y el pluralismo. Así, solicitaron la visita oficial del Relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, para analizar en directo e investigar mecanismos y casos en los que se produce censura directa e indirecta y autocensura.

Aleida Calleja, Coordinadora de Advocacy de OBSERVACOM da cuenta de los planteos realizados sobre el tema en las audiencias públicas de la CIDH, que tuvieron lugar del 4 al 8 de abril en Washington DC.

(*) Las condiciones para la libertad de expresión y el derecho a la información en México dibujan un panorama que compromete su ejercicio a través de vías directas e indirectas, más allá del incremento de agresiones en contra de comunicadores y medios. En la actualidad, los mecanismos de censura pasan por el uso discrecional de la publicidad oficial, por un déficit de diversidad y pluralismo producto de la indebida concentración de los medios de comunicación que inhibe una deliberación pública, plural y abierta, así como por la falta de garantías y mecanismos legales para la debida protección de los derechos en un nuevo entorno digital.

Así comienza el extenso informe que entregaron organizaciones promotoras y defensoras de la libertad de expresión en México a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su pasado periodo de sesiones el pasado 7 de abril en Washington. Las organizaciones que presentaron dicho informe son Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (RED3D), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo Transparencia, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y la periodista Carmen Aristegui, que de manera sucinta presentó su caso como un botón de muestra de las formas en cómo se suelen acallar a periodistas independientes.

En el reconocimiento que uno de los principales obstáculos para ejercer este derecho en nuestro país están los permanentes ataques contra periodistas y medios de comunicación, si a eso le agregamos las diversas formas de restricción indirecta para su desenvolvimiento, nos encontramos con un grave déficit en la materia, que pone en riesgo la deliberación pública y por lo tanto la calidad democrática y el ejercicio de otras libertades.

En materia de publicidad oficial, las organizaciones han documentado a detalle el excesivo gasto del erario público, especialmente hacia las televisoras comerciales del país, que ha fomentado una instrumentalización de mecanismos que generan la concentración y discriminación de medios alternativos, así como prácticas de censura indirecta , irrumpiendo la libertad de expresión y  el derecho de acceso a la información pública.

Por su parte, la propiedad de medios, el acceso a contenidos e información plural e independiente y la concesión del espectro radioeléctrico de uso social y comercial se han convertido en aspectos centrales para el ejercicio de la libertad de expresión, y aunque la actual legislación ha avanzado en los temas de concentración, no tanto como quisiéramos pero algo hay, en la práctica tenemos una mayor concentración en el sector audiovisual como puede observarse en la televisión de paga, y aunque existen las declaratorias de preponderancia para los agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones, así como los indicadores para la medición de concentración en los mercados, aún son inexistentes los indicadores de pluralismo por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para hacer cumplir lo que establece el 6º constitucional.

De igual manera esta ausencia de pluralismo se ve agravada por la dilación administrativa del IFT para otorgar concesiones a medios comunitarios e indígenas, aunque ya están reconocidas legalmente y existen los lineamientos para facilitar su acceso a las frecuencias a casi dos años de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT apenas ha otorgado una sola concesión de servicio social comunitario. Ante los cuestionamientos de los comisionados y del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH para conocer de los obstáculos para que se otorguen las concesiones a este tipo de medios, así como de otras medidas afirmativas de política pública los representantes del Estado mexicano en la audiencia simplemente no supieron que responder, como tampoco a los cuestionamientos entorno a la actual campaña que tiene en contra de emisoras ilegales que acusa de “robo” del espectro.

Si bien el IFT tiene la facultad legal y legítima para perseguir el uso ilegal e ilícito de frecuencias, y debe de hacerlo, convendría que hiciera públicos los criterios para aplicar sanciones para evitar el cierre de emisoras y persecución de proyectos que si tienen una vocación comunitaria e indígena, pero que desconocen los procedimientos administrativos para obtener su respectiva concesión. Aplicar a tabla rasa cierre de emisoras con su respectivo proceso penal puede dar lugar a una política persecutoria que nada tiene que ver con los derechos que el IFT está obligado a tutelar por  mandato constitucional.

Las organizaciones también denunciaron que el marco normativo mexicano, en específico la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), también ha facilitado y habilitado al Estado para ejercer acciones arbitrarias de intervención telefónica, vigilancia masiva, invasión a la privacidad de las personas en el entorno digital y adquirir software malicioso de espionaje.

Todos estos elementos generan una censura indirecta o sutil para el ejercicio de la libertad de expresión en México, entendiendo ésta como un conjunto de prácticas oficiales destinadas a influir en la producción de medios; excluyendo las prohibiciones legales o extralegales; la censura directa de contenido específico ya sea a través de la publicidad oficial, mediante restricciones al acceso a la información pública, al acceso a las frecuencias para los actores tradicionalmente excluidos del proceso comunicativo, permitiendo la indebida concentración de medios que inhibe el pluralismo o bien mediante presiones administrativas.

Las organizaciones solicitaron al Estado mexicano aceptar la asesoría y cooperación técnica para que las regulaciones y políticas públicas, especialmente del IFT tengan como marco los estándares interamericano de libertad de expresión, ya que hasta el momento ha permeado una visión esencialmente técnica y económica, cuando por mandato constitucional debe ser el garante de la libertad de expresión y derecho a la información en la radiodifusión.

La situación de la libertad de expresión preocupa a los organismos internacionales de derechos humanos, tan es así, que en la misma audiencia se anunció la intención de los Relatores de la ONU y la CIDH en la materia para hacer una visita oficial conjunta a México, veremos si el gobierno la acepta y facilita.

La audiencia completa puede verse aquí.

@callejag

@OpinionLSR

(*) Columna de opinión publicada en lasillarota, el 12 de abril de 2016.

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