Intervozes de Brasil y la Coalizão Direito na Rede (CDR) alertaron sobre los riesgos de incluir en el proyecto de Ley sobre «Fake News» la exigencia de que las plataformas de Internet que paguen a los medios y periodistas por el uso de contenidos indexados en buscadores.
Consideran que la medida, incluida recientemente en la propuesta del diputado Orlando Silva que modificar el proyecto de ley 2630/2020 aprobado en el senado en julio de este año, podría incrementar la circulación de desinformación, así como estimular la concentración de la audiencia y recursos en pocos medios de comunicación.
Las organizaciones plantean que la adaptación local de normas en base al modelo europeo puede generar efectos perjudiciales. “La inclusión de una regla en los mismos moldes europeos, en lo que parece ser la recta final de los debates del PL 2630/2020 en la Cámara de Diputados, puede tener efectos perjudiciales, que no fuera siquiera discutidos en los últimos meses”, señala la nota de Marina Pita de Intervozes en Carta Capital.
Para Pita, la incorporación de remuneración a medios de prensa por contenidos indexados en los buscadores pude restringir la circulación de informaciones y aumentar el alcance de la desinformación.
“En países en los que se incluyó la obligación de remuneración de contenido periodísticos por el uso de pequeños extractos y por links llevó a I) la salida de Google de la actividad de indexación de noticias y II) la amenaza de exclusión de determinados contenidos de la búsqueda y de otras herramientas de indexación… esas medidas pueden llevar la aumento de circulación de contenidos producidos por instituciones que no harán tal cobro y que no necesariamente tienen la misma responsabilidad de investigar y difundir información y análisis”, argumenta.
Además, se plantea que el riesgo de que medios más pequeños, de relevancia en la producción de contenidos (como The Intercept, Agencia Pública, Ponte Jornalismo, entre otras) no sean capaces de negociar con las plataformas o resulten desfavorecidos. Así “la aprobación de forma genérica podría estimular la concentración de la audiencia y recursos en pocos vehículos de comunicación en el país”, sostiene la nota.
En relación a los periodistas, las organizaciones explican que la disputa entre plataformas y grandes empresas del sector, no garantiza que la medida sea favorable para los trabajadores. “No es razonable ignorar que los problemas de precarización de la profesión de periodista van mucho más allá del uso de sus textos y datos por herramientas de búsqueda o redes sociales. Esos problemas no serán solucionados con la inclusión de este tema, a última hora, en un proyecto de ley”, explica.
Por último, se apunta a la definición de criterios de qué es periodismo. “Excluir a determinados productores de contenido del ámbito del periodismo no solo podrá ser considerada inconstitucional, sino también una amenaza a la implantación de censura de forma indirecta”, concluye.
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