En el marco de las sesiones plenarias del Parlamento Europeo en Estrasburgo, que tuvieron lugar del 15 al 18 de mayo, se aprobó la propuesta del Comité de Cultura (CULT) para iniciar consultas inter-institucionales con el Consejo de Europa con miras a la aprobación final de la reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) en base a las modificaciones aprobadas por CULT en primera lectura a fines de abril.
Entre las principales modificaciones a la propuesta inicial de la Comisión Europea, el texto del CULT amplió el alcance de la Directiva para incluir a las redes sociales, así como introdujo la ampliación de la cuota del 20 al 30% de producciones europeas en los catálogos de proveedores de video bajo demanda; en el caso de la TV lineal, propuso aplicar una cuota diaria del 20% a la emisión de publicidad, permitiendo que el radiodifusor maneje la distribución de dicho porcentaje de modo flexible. A su vez, se estableció que las plataformas para compartir video tengan el deber de tomar acciones cuando los usuarios incluyan contenido que incite a la violencia o discurso de odio. “Donde sea práctico y esté disponible, la remoción de ese contenido a través del uso de sistemas de reconocimiento automático confiable podrán ser considerados”, señala el texto aprobado por CULT.
Por su parte, en la sesión plenaria también se aprobó el proyecto de ley sobre la portabilidad del contenido en línea, es decir, la posibilidad de que los usuarios puedan acceder a los servicios de TV en línea, así como también a música y juegos, desde otros países de la Unión Europea.
La propuesta establece que “los proveedores de contenidos en línea podrán adoptar medidas “proporcionadas y razonables” para comprobar que el abonado no vive de manera permanente en otro Estado miembro, dado que las exigencias respecto a los derechos de autor pueden variar de un país a otro”, según señala el comunicado de prensa del Parlamento Europeo. Entre los posibles mecanismos para verificar la residencia se indican la comprobación del documento de identidad, cuentas bancarias o tarjetas de crédito, una declaración de impuestos, la dirección postal o la dirección IP desde la que el suscriptor accede al servicio.
Para su aprobación final debe pasar por el Consejo de Ministros y luego los Estados Miembro cuentan con nueve meses para empezar a aplicarlo.
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