El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y OBSERVACOM presentarán este lunes 6 de diciembre a las 17.00 en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo los avances de la iniciativa Aportes para el debate sobre la gobernabilidad democrática en línea: Internet, libertad de expresión y acceso a la información en Uruguay ante la Comisión Bicameral del Futuro del Parlamento de Uruguay.
Según Stefan Liller, director de la Oficina del PNUD en Uruguay, “con esta iniciativa promovemos el diálogo y el debate informado sobre el impacto de las grandes plataformas de Internet en el acceso a la información y la deliberación pública en redes sociales, a efectos de posicionar el tema en la agenda pública y elaborar recomendaciones para la necesaria adecuación del marco normativo nacional y regional”.
“Las redes sociales han ganado un lugar central en el consumo de información y deliberación pública entre sus usuarios”, se señala en el informe y se advierte sobre que estos avances “también presentan serios cuestionamientos sociales y políticos sobre sus responsabilidades como intermediarios, en tanto se constituyen como nuevos espacios públicos”.
Es que las políticas de moderación de contenidos como “indexación, priorización y remoción de publicaciones de sus usuarios suponen crecientes intervenciones en la distribución y visibilización de esos contenidos”. Por eso, “numerosas organizaciones internacionales han advertido sobre el impacto de esta regulación privada en la deliberación pública” y los Relatores de Libertad de Expresión han afirmado que «el control privado» en Internet es una de las tres principales amenazas a la libertad de expresión en esta década, advierte el documento que se presentará en el Parlamento.
En el marco del proyecto se impulsó un diálogo nacional con la participación de la sociedad civil y la academia y se realizó una consulta en línea con diversos actores involucrados en la temática: representantes de la academia, el sector público, las empresas, la sociedad civil y el periodismo. Asimismo, a los efectos de aportar al intercambio, se realizó la presentación nacional del documento Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas, elaborado por OBSERVACOM, expertos internacionales y un conjunto de organizaciones latinoamericanas de derechos digitales
El proceso concluyó con una jornada de diálogo especializada para profundizar la conversación y la búsqueda de acuerdos nacionales multisectoriales hacia una propuesta de gobernanza democrática de las grandes plataformas de Internet.
¿Cuáles son los principales hallazgos del proceso?
Entre las principales conclusiones encontradas en esta etapa de la iniciativa, hay un amplio consenso respecto a que la “moderación de contenidos de las grandes plataformas y la creciente concentración en pocas corporaciones constituyen una amenaza a la deliberación pública y la libertad de expresión en Internet”.
Además, hay gran acuerdo en que “las grandes plataformas de contenidos en Internet deben respetar los principios internacionales en materia de derechos humanos y tener límites por sus responsabilidades por acciones propias en moderación de contenidos”.
Sin embargo, se considera que existe desconocimiento por parte de los usuarios y de la sociedad civil del impacto de la moderación de contenidos en la libertad de expresión en línea. También se registra “poca investigación académica” y un “gran desconocimiento en los tomadores de decisión (autoridades de gobierno, legisladores, etc.)”.
En cuanto al rol del Estado, los participantes entendieron que “tienen la obligación de aprobar regulaciones (siempre que sean democráticas) para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en línea. Pero existen riesgos de que esa intervención afecte los derechos que se quieren proteger y a la propia Internet”.
Por su entorno político e institucional y su tradición democrática, Uruguay puede avanzar en este tema de buena manera, con posibilidades de convertirse en una buena referencia en la región. Pero justamente a este respecto, se advierte que una iniciativa solamente nacional, su impacto “será limitado”. Por eso, se plantea como “necesaria (y posible) una perspectiva latinoamericana que posicione una propuesta de gobernanza democrática y progresiva como alternativa entre la autorregulación corporativa y la sobre regulación estatal”.
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