El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales solicitó al gobierno ejecutar los mecanismos de corregulación establecidos en la ley. A su vez, piden a prestadores y plataformas de servicios audiovisuales que establezcan acuerdos de autorregulación
El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) -una agrupación de organizaciones que analiza los medios de comunicación y demanda y promueve la difusión de contenidos adecuados para menores- solicitó al gobierno, prestadores de servicios de comunicación audiovisual y plataformas de Internet de intercambio de video que se aplique lo dispuesto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) -aprobada en 2022- para proteger a niños, niñas y adolescentes sobre los contenidos audiovisuales.
Las normas dispuestas en la ley prevén sistemas de regulación voluntarios buscando la protección de las infancias ante contenidos dañinos. Sin embargo, según el OCTA hasta el momento “no muestran signos de ponerse en marcha”, y tampoco está establecido por la normativa una fecha de inicio para los mismos.
Los sistemas de regulación incluyen autorregulación y corregulación mediante convenios con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -autoridad audiovisual- y quienes brindan contenidos audiovisuales. Incluyendo además la posibilidad de que participen ciertas organizaciones de usuarios.
El OCTA también reclama un desarrollo normativo más preciso sobre la especificación de quiénes serían influencers -la normativa, los llama “usuarios de especial relevancia”-, ya que estos tendrían las mismas obligaciones que un prestador de servicios de comunicación audiovisual.
Las plataformas de Internet son abordadas en la normativa, pero según el OCTA si estas difunden contenido ilícito para menores no tienen prácticamente castigos “puesto que se las considera meros distribuidores de los contenidos”, sin ninguna responsabilidad. “Solo una minoría de páginas webs y vídeos establecen barreras de entrada o califican los contenidos”, sostienen.
Por otro lado, en relación con la TV abierta, el OCTA afirma que existe un vacío legal, ya que la LGCA entró en vigor y la CNMC no puede aplicar normativas pasadas. Sin embargo, los criterios de marco de corregulación establecidos por la nueva ley no se han implementado.
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