La iniciativa fue elaborada por una comisión independiente y será presentada al Congreso Nacional la próxima semana. Pretende actualizar la normativa sobre medios y libertad de expresión que data de 1962, reconocer derechos de las audiencias en servicios audiovisuales e incluir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las grandes plataformas digitales de contenido son algunas de las propuestas
El pasado 8 de abril el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, presentó públicamente un anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales. Dicha iniciativa pretende actualizar el anacrónico marco normativo sobre libertad de expresión que data de 1962 –Ley No. 6132 de Expresión y difusión del Pensamiento-, en busca de aggiornarse a los estándares y la normativa internacional en la materia.
La propuesta fue desarrollada por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (CCLEXRD) –creada por Abinader en 2022-, compuesta por periodistas, juristas especializados en derechos fundamentales y directores de medios. Para recoger insumos para el texto legal, la CCLEXRD realizó reuniones consultivas, mesas de trabajo y recibió aportes de múltiples partes interesadas.
El anteproyecto incluye principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el reconocimiento pleno de la libertad de expresión en su doble dimensión y prohibir la censura previa. Además, establece el derecho de los periodistas a la protección de las fuentes, incorpora la objeción de conciencia para quienes ejerzan el periodismo, e incluye la despenalización de los delitos de difamación e injurias en casos de interés público o cuando estén involucrados funcionarios públicos.
Dentro de la iniciativa, se propone crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un órgano regulador con autonomía funcional y financiera elegido por el Congreso -en sustitución de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía- en busca de tutelar el ejercicio de la libertad de expresión y fiscalizar la aplicación de la ley por parte de los medios de comunicación.
También se busca reconocer derechos de las audiencias en servicios audiovisuales -incluyendo derechos de la niñez y las infancias- e incorpora el acceso a Internet como un derecho que el Estado debe buscar garantizar. Además, incluye un capítulo que establece obligaciones de transparencia y rendición de cuentas para las grandes plataformas digitales de contenido.
Namphi Rodríguez, abogado y director ejecutivo de la CCLEXRD, sostuvo que el proyecto es el resultado de “dos años de discusión y debates con distintos sectores”, donde “uno de los elementos centrales es la libertad de expresión en cualquier forma y por cualquier medio, lo que comprende la búsqueda, recibimiento y difusión de informaciones e ideas de toda índole”.
Rodríguez sostuvo que la iniciativa “plantea regular el funcionamiento de las plataformas digitales, desde el punto de vista de la protección de los derechos de los usuarios y de la protección de los derechos de las personas frente a Internet”.
La CCLEXRD también fue integrada por Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana; Persio Maldonado, director general de El Nuevo Diario; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y Miguel Franjul, director general del Listín Diario, entre otro/as.
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