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Proyecto de ley en Argentina plantea que servicios de TV paga sean regulados por la Ley de Comunicación Audiovisual

Diputados del oficialismo presentaron a comienzos de mayo un proyecto de ley llamado Actualización del marco regulatorio de servicios TIC “Argentina Digital”, que busca, entre otras cosas, que todos los servicios de TV paga estén alcanzados nuevamente por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y pueda actuar la Defensoría del Público ante reclamos de sus audiencias.

El artículo a incorporar pretende retomar obligaciones que incluía esta norma en su redacción original, estableciendo  que a las programaciones y contenidos distribuidos por los servicios de radiodifusión por suscripción, vínculo físico o radioeléctrico, y los servicios de video a pedido o a demanda, “les resulta aplicable la regulación dispuesta en el Título III, capítulos V, VI, VII y VIII de la Ley 26,522 en lo que corresponda conforme el tipo de servicio, y la tutela de derechos de las audiencias por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

De aprobarse, los servicios contemplados tendrán varias obligaciones sobre la protección de la niñez, así como respecto a la publicidad emitida y otros derechos de las personas como el de acceder a acontecimientos de interés general.

También deberán reconocer el derecho a la accesibilidad de personas con discapacidad, garantizando el acceso universal a “los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.

De aprobarse el cambio, los titulares de servicios de TV paga también tendrán obligaciones de must carry, así como de cuotas de pantalla de producción nacional audiovisual.

El proyecto de ley también retoma puntos de la ley Argentina Digital “ley TIC” aprobada en 2014, (en parte derogada por el DNU 267, durante la administración de Mauricio Macri en 2015)-, así como del DNU 690 de 2020.

La iniciativa busca incorporar un artículo 1° bis a la ley TIC de 2014, en donde se declaró a las TIC de “interés público». La actualización agrega que “esta norma es de orden público y excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión”.

Entre otros temas, con respecto a la neutralidad de red se incorpora un inciso para considerar las ofertas de zero rating como violatorias de este principio. El texto establece que los prestadores de servicios de TIC no podrán “realizar promociones comerciales ofreciendo acceso gratuito a cierta aplicación, servicio de mensajería instantánea o servicio sobre Internet, en la medida que existan otras aplicaciones o servicios de similares características cuyo acceso o tráfico sea medido o tarifado o suministrado en condiciones desventajosas promovidas por el prestador o licenciatario”.

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