La iniciativa oficialista busca penalizar a quien genere o difunda contenidos engañosos con el fin de dañar a un candidato o emitir “desinformación notoria en relación a la campaña electoral”. Organizaciones advierten que la criminalización de la desinformación no es el camino
Diputados uruguayos de la coalición de gobierno presentaron el proyecto de ley “Generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral”, que pretende combatir y penalizar la generación y difusión de deep fakes -creadas mediante inteligencia artificial (IA)- que busquen “causar daño reputacional a un candidato o una desinformación notoria en relación a la campaña”.
La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, recibió a diversas organizaciones que, entre otros puntos, advirtieron las consecuencias que puede acarrear la penalización de la desinformación, y argumentaron que ya hay legislación vigente -de protección a la honra y la reputación- que puede aplicarse en estos casos.
En su único artículo, el proyecto pretende que estas acciones -realizadas durante tres meses y un mes posterior a las elecciones nacionales- sean castigadas con una pena de entre seis meses y dos años de penitenciaría, exceptuando cuando sea evidente que el contenido “se trata de una sátira o parodia, cuando se identifique claramente que el contenido ha sido diseñado artificialmente o cuando se verifiquen otras acciones a fin de evitar su confusión con la realidad”.
Por otro lado, se exenta de responsabilidad por los contenidos generados por terceros a los medios de comunicación, los administradores de sitios de Internet y las plataformas digitales “cuando notificados de la falsedad se admita la existencia de dudas sobre su autenticidad o en su caso estos sean eliminados de forma inmediata”.
La propuesta es impulsada por el diputado del Partido Nacional -principal partido de la coalición de gobierno- Rodrigo Goñi, con el acompañamiento de los diputados Felipe Schipani y Sebastián Cal, del Partido Colorado y Cabildo Abierto, respectivamente, partidos que también forman parte de la actual coalición de gobierno.
El proyecto, en sus argumentos, dispone que tiene por finalidad “desestimular a través de la adecuada penalización, conductas reñidas con los comportamientos republicanos que se entiende deben observarse en los procesos electorales”.
El diputado Goñi manifestó que “las deepfakes y los chatbots combinados pueden aumentar el poder de persuasión y propiciar campañas de desinformación a gran escala con campañas automatizadas que causarán un grave deterioro al necesario diálogo cívico del país que debe darse durante las elecciones nacionales”.
Reacciones al proyecto
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, reconoció que quienes impulsan la ley buscan un intento regulatorio legítimo, pero que OBSERVACOM no recomendaba su votación tal como estaba redactado.
Por un lado, Gómez aseguró que no es una práctica recomendable “legislar cada vez que aparece una nueva tecnología” y que ya existe legislación que protege la honra y la reputación, la cual “no distingue medio, soporte o aplicación y que podría aplicarse en estos casos”.
El director ejecutivo de OBSERVACOM sostuvo que el texto de la iniciativa no define de manera clara y precisa las conductas penadas, ya que se refiere al problema de diversas maneras como “contenido engañoso inauténtico, desinformación notoria y falsedad”.
Gómez también alertó que se penaliza el hecho de simplemente “generar un contenido materialmente engañoso que tenga la intención de dañar la reputación de un candidato”, es decir, que alguien puede ir a prisión aunque el contenido no haya sido difundido.
Por último, OBSERVACOM aseguró que la iniciativa avala que con el simple aviso de un particular a un medio o plataforma digital, denunciado que un contenido es engañoso, puede derivar en la eliminación de “información de interés público (aunque fuera verdadero) sin orden judicial y sin tener que fundamentar la denuncia.”
La presidenta del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), Patricia Díaz, manifestó su postura contraria a buscar soluciones al problema de la desinformación en contexto electoral “mediante figuras penales”. “La idea de criminalizar la desinformación genera efectos paralizantes del discurso público y en realidad genera más problemas que soluciones”, aseguró.
En la misma línea, la Asociación de la Prensa Uruguay sostuvo que desaconsejaba avanzar en este camino legislativo de penalización de la desinformación en contextos electorales y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) sostuvo que “la aplicación de normas penales para la protección de la reputación, honor, o la vida privada de funcionarios públicos o personas que aspiren a ocupar cargos públicos es una respuesta desproporcionada en el marco de una sociedad democrática, tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En su exposición ante la comisión que está tratando el proyecto, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Raúl Echeberría, sostuvo que en el texto del proyecto hay varias expresiones como “materialmente engañosos”, “propósito de causar daño” o “desinformación notoria” que parecen ambiguas y pueden dar lugar a “múltiples interpretaciones”, derivando en grandes complejidades a la hora de la implementación.
Por otro lado, Echeberría aseguró que “existe un desafío en cuanto a cómo la autoridad a cargo determinará la intencionalidad detrás del contenido de causar daño a la reputación de los candidatos o provocar desinformación”.
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