Tras el pedido del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para que se retirara del Congreso el Proyecto de Ley 174 con las modificaciones propuestas por el senador Mario Fernández Alcocer, dos comisiones del Congreso decidieron archivarla. La moción obtuvo ocho votos a favor y dos en contra del Senado, y 16 a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes.
El proyecto inicial había sido presentado en 2017 por el entonces ministro TIC, David Luna, con el objetivo de crear un regulador convergente: en la versión inicial era denominado Comisión de Comunicaciones y en la versión modificada, Agencia Nacional de Regulación de las Comunicaciones (ANRC).
Luego de algunos meses en stand by, el proyecto oficial fue retomado por Fernández, quien introdujo una serie de modificaciones que no solo valieron el rechazo del propio MinTIC sino también de RCTV, el sistema de radio y TV pública de Colombia. RCTV manifestó que apoyaba la iniciativa inicial de 2017, pero rechazaba “la ponencia modificatoria pues su texto no se ha socializado con el sector audiovisual y dejan desprotegidas a la radio y televisión púbicas”.
En el mismo sentido, analistas como Omar Rincón, criticaron la propuesta por considerar que favorecía “a las empresas del poder” en detrimento de la radio y TV pública. “Esto significa que se acaba con la plata de la televisión pública y se beneficia a las empresas de tecnología como Claro, Movistar, Directv entre otras: ¡se le quita a los pobres para darle a los ricos!”, sostuvo.
Organizaciones colombianas de defensa de la libertad de expresión como Karisma y FLIP fueron claves en el proceso y se manifestaron en contra del proyecto. En una nota enviada a los senadores y al MINTIC, ambas organizaciones plantearon en su documento señalaron problemas importantes en el proyecto, entre los cuales la ausencia de debate público y la transferencia de facultades de vigilancia y control al Poder Ejecutivo.
Desde OBSERVACOM también se advirtió, en un documento enviado a los legisladores y el MINTIC, una serie de preocupaciones sobre la iniciativa del senador Fernández Alcocer ya que, más allá de algunos aspectos positivos, la iniciativa no cumplía con estándares internacionales y conllevaba serios riesgos para la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo.
En particular, el informe señaló que el proyecto generaba un impacto negativo en la sustentabilidad de la TV pública “al trasladar los ingresos provenientes de las contribuciones de las empresas de TV por suscripción al Fondo Universal Único y destinar esos recursos, expresamente, sólo para “el financiamiento de los planes, programas y proyectos para facilitar el acceso universal de los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los servicios de audiovisuales” (art. 13). Contradiciendo lo que dice la misma exposición de motivos (como si fueran textos de iniciativas diferentes), no hay nada en la ley que garantice que se destinarán esos recursos para el funcionamiento y contenidos de la TV pública”.
La falta de recursos para la TV pública, opinó OBSERVACOM, afectaría “gravemente la diversidad de medios, la producción nacional audiovisual, la descentralización de información y, por ende, el ejercicio pleno de la libertad de expresión para aquellos grupos o sectores que están fuera de los circuitos dominantes del mercado”.
OBSERVACOM también consideró que el gobierno concentraría tareas de control y vigilancia sobre los medios de comunicación audiovisuales. “Aunque se crea un organismo independiente y el MINTIC no lo integrará como hasta el momento, el gobierno de turno mantendrá competencias claves en el control de contenidos de los medios y otros aspectos claves de la regulación. Las exigencias internacionales para que los Estados aprueben diseños institucionales democráticos se han establecido justamente para lo contrario: evitar o limitar la intervención gubernamental en el funcionamiento de los medios de comunicación”, señaló el documento.
Otro de los puntos sobre los que se llamó la atención fue la creación de un organismo “convergente” que carecería una mirada verdaderamente convergente, por el perfil de sus integrantes y porque “un abordaje exclusivamente desde la noción de “defensa de la competencia”, no es suficiente para asegurar la diversidad y el pluralismo informativo”.
Por último también se advirtió que la extensión del plazo de las concesiones a 30 años (tres veces más que la vigencia actual) “implicaría un congelamiento de la estructura de medios audiovisuales por renovación automática de plazos de los permisos que afectan principios de diversidad y pluralismo de medios”.
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