La ley audiovisual tenía como objetivo generar mayor competencia y ampliar los márgenes de diversidad y pluralismo. Uno de los caminos para lograrlo consistía en reducir la concentración en la propiedad de los medios. Esa búsqueda quedó trunca por la resistencia de las empresas afectadas y por la aplicación deficiente de la norma en este aspecto.
La llegada de Cambiemos en diciembre de 2015 terminó de cerrar toda posibilidad de poner barreras a la expansión de los holdings más poderosos. El DNU 267 sintetizó la mirada de la nueva gestión: flexibilizó controles para la compra de empresas y las restricciones al acaparamiento del mercado audiovisual. En la televisión por cable, barrió con cualquier tope a la cantidad de licencias en manos de un mismo operador. La fusión de Telecom y Cablevisión, autorizada sin mayores requerimientos, fue la materialización de ese enfoque que tuvo a Clarín como principal beneficiario.
Cuando se ha producido, el cuestionamiento sobre las consecuencias de la concentración mediática no logró generar la capacidad de implementar soluciones realistas. Esta última tarea parece más complicada de lo que se suponía. Una acción en este sentido asoma como demanda de algunos de los sectores de sustentación de un futuro gobierno, si se confirman los números de las primarias. Pero el panorama mediático se ha transformado desde la sanción de la ley audiovisual y desde la llegada del macrismo al Ejecutivo. Esta transformación se explica por decisiones políticas, empresariales y por las novedades tecnológicas. Para alcanzar soluciones factibles sobre este problema deben darse algunos pasos imprescindibles.
1. RECONOCER LA CONCENTRACIÓN. Durante los primeros días del gobierno de Cambiemos, el entonces titular del fugaz Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que no existían medios concentrados en el país. Meses después, el primer presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, transitó la misma afirmación.
Esta postura choca de frente con toda la evidencia empírica producida sobre la escena mediática local en las últimas décadas. Un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras y el diario Tiempo Argentino reconoció que la concentración en la propiedad de los medios se traslada a la concentración de las audiencias en prensa escrita, televisión, radio y prensa online. Según ese relevo, los cuatro primeros grupos mediáticos poseen 74% de los diarios, 56% de la audiencia en TV y 53% de la escucha radial en el país.
La negación para reconocer la concentración en el audiovisual y las telecomunicaciones llevó en 2017 al ministro Aguad a una argumentación desafiante cuando sostuvo que la fusión de Cablevisión y Telecom sería beneficiosa, pues ofrecería mayores niveles de competencia.
No sólo los funcionarios del Gobierno o los reguladores decidieron restar importancia a este tema. Las características del sistema mediático local, entre ellas su concentración, rara vez forman parte de las reflexiones de analistas, periodistas y dirigentes políticos de distintas fuerzas. La sorpresa de muchos de ellos ante los últimos resultados electorales puede explicarse en la homogeneidad de temas, fuentes y perspectivas que dominó en los últimos cuatro años el sistema audiovisual concentrado, que fue incapaz de captar las preocupaciones y señales de la sociedad.
El éxito de pequeñas iniciativas periodísticas gestadas en internet como consecuencia de la expulsión de sus periodistas de medios tradicionales también vale como ejemplo de los peligros que derivan de la concentración mediática. Casos como El Destape, El cohete a la luna, Letra P y Futurock dan cuenta de audiencias insatisfechas que decidieron migrar a las redes. Este fenómeno también ha pasado desapercibido para muchos.
2. ESTUDIAR LA CONCENTRACIÓN. Dentro de una rica tradición teórica en América Latina, en las últimas décadas surgieron estudios empíricos para ofrecer pruebas sobre las características de la concentración mediática en la región. En Argentina, las carreras de Comunicación han sido un espacio prolífico para interrogar la cuestión. Los profesores Guillermo Mastrini y Martín Becerra coordinaron una investigación regional de referencia que registró los altísimos niveles de concentración en la propiedad, la producción y la circulación de la información entre los primeros quince años del siglo XXI. Entre sus consecuencias se señalan: la reducción de las fuentes informativas; el empobrecimiento de la deliberación pública; la relativa homogeneización de géneros, formatos y temas; la centralización de la producción en las grandes ciudades; y la generación de exclusividades frente al derecho de exhibición de eventos de interés general.
Cada vez resulta más evidente que el desarrollo de políticas en los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual requiere diagnósticos exhaustivos con información tanto económica como cultural. Las encuestas nacionales sobre consumos culturales realizadas desde la Secretaría de Cultura han avanzado en este sentido. Pero se mantiene una alta opacidad en el mercado info-comunicacional y una escasa sistematización oficial sobre los datos existentes. Las autoridades de regulación de las comunicaciones no parecen motivadas para resolver estas falencias.
Por los altos costos fijos de su actividad, las empresas audiovisuales tienden a la concentración. Sin embargo, en este sector ese movimiento tiene consecuencias tanto económicas como culturales. Afecta a la competencia comercial y a la libertad de expresión de la sociedad, a su derecho a dar y recibir información variada. Esa dimensión doble diferencia al audiovisual del resto de los sectores económicos y justifica el estudio particularizado de sus características.
La digitalización abrió la posibilidad de unificar servicios que antes funcionaban por separado: el audiovisual, las telecomunicaciones e internet. Este proceso de convergencia tecnológica redefine el funcionamiento de la radio, la televisión, la prensa y la telefonía. En este contexto, se profundiza el movimiento concentrador: empresas telefónicas y audiovisuales se vuelcan a ofrecer todos esos servicios. Esto cobra materialidad con fusiones, compras, absorciones y la disputa por beneficios regulatorios. Este fenómeno, que está lejos de ser sólo tecnológico, exige análisis sofisticados que incorporen una mirada a su pata cultural y otra a su pata económica. El estudio de la convergencia es el estudio de la concentración convergente.
3. CONTROLAR Y LIMITAR LA CONCENTRACIÓN. La posición dominante de pocas compañías en sectores y servicios conexos habilita la imposición de barreras de ingreso a competidores, la obstaculización de servicios o la generación de prácticas anticompetitivas. El pasado no tan lejano muestra ejemplos concretos. En la década del noventa, el Grupo Clarín forzó la venta de cableras de pequeñas localidades para favorecer la expansión de su empresa Multicanal y la prenda de negociación fueron los derechos para emitir el fútbol, en manos del multimedio. Años más tarde, las señales estatales Encuentro y Paka Paka debieron dar duras batallas para ser incluidas en las grillas de Cablevisión. Más cerca en el tiempo, Barricada TV, Pares TV y 5RTV (canal del Estado santafesino) sufrieron el bloqueo de la misma cablera.
Existen medidas que pueden limitar estas prácticas, fijar obligaciones, contraprestaciones y prohibiciones para los actores dominantes: establecer abonos sociales para la televisión por cable y la banda ancha; indicar la venta de activos o la separación de empresas de un mismo grupo; compartir infraestructura estratégica; regular precios para evitar políticas predatorias; y fijar obligaciones para incluir y ofrecer canales en grillas de TV paga. La propia Corte Suprema de Justicia convalidó en 2013 la potestad del Congreso para señalar límites a la concentración de licencias en pocos propietarios e indicar mecanismos de desinversión.
Consultado sobre este tema por Página/12, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, señaló: “Si defiendo el estado de derecho tengo que defender los derechos adquiridos. Lo que sí creo es que ellos tienen que respetar las leyes antimonopólicas: la ley de la Competencia, la ley de Defensa del Consumidor y, si no lo cumplen, deberían adecuarse”. La respuesta obliga a recordar que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia autorizó la fusión Telecom-Cablevisión con escasísimos cuestionamientos, sólo referidos a los peligros de distorsión del mercado de internet. La expansión de la fusionada hacia todos los segmentos de la comunicación, con presencia en distintos mercados y eslabones de la cadena de producción y distribución, exige una mirada integral sobre la problemática, ausente en este caso.
Dejar el control de la concentración en las comunicaciones en manos de este tipo de organismos supone privilegiar una mirada económico-comercial y postergar adecuaciones hasta la comprobación de las distorsiones. El abordaje de este fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos, y la libertad de expresión es uno de ellos, implicaría regulaciones previas que prevengan posibles afectaciones a la diversidad y el pluralismo.
Tomado de LetraP