“Existe el riesgo de que las empresas privadas de televisión ya no tengan más el poder y la influencia del pasado, no solo sobre la población, sino también sobre los gobiernos y los políticos.”
Cosette Castro */ Brasil, mayo 2015
Casi 10 años después de la aprobación del Decreto 5.820/ 2006 que ha implantado el modelo de televisión digital (ISDB-TB), Brasil finalmente ha decidido tornar la TVD interactiva una política pública de alta prioridad. Pero eso no fue algo sencillo.
Durante el gobierno del ex -presidente Lula da Silva hubo una inversión de 75 millones de reales en el proyecto. Fue la primera vez en más de 20 años que las universidades e institutos de investigación de Brasil recibieron un aporte financiero para desarrollar tecnología nacional.
Fue así – en los laboratorios de Pontifica Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-RJ) y de la Universidad Federal de la Paraíba (UFPB) – que nació el middleware Ginga, capa de software que permite la interactividad desde el control remoto, la multiprogramación, la accesibilidad (para sordos y ciegos), la movilidad y la portabilidad. En otras palabras, la televisión digital abierta con el recurso de la interactividad permite la inclusión social y puede ayudar a disminuir la brecha digital.
El hecho de ser desarrollada en código abierto, de proponer un cambio en la relación entre audiencias y las empresas de televisión abierta – a través de la bidireccionalidad y del control remoto – y de estimular la inclusión social y digital entre poblaciones con cultura audiovisual, como es el caso de la latinoamericana y caribeña, ha colaborado para que otros 16 países hayan adoptado el mismo estándar de TV digital.
Hasta 2014, el país de la invención del Ginga no había hecho la lección de casa. No había implantado centros de capacitación, investigación y producción de contenidos audiovisuales interactivos para televisión digital y para la convergencia de medios, aunque 10 laboratorios hayan recibido una pequeña ayuda económica para desarrollar contenidos con Ginga en el último año del gobierno.
De otro lado de la frontera, países vecinos como Argentina y Uruguay actualizaron la ley de medios, un primer paso para la democratizar la comunicación. Y Argentina fue más adelante: creó nueve nodos descentralizados de producción de contenidos audiovisuales digitales y ocho nuevos canales gratuitos, pero en el medio a la pelea con el Grupo Clarín, el incentivo a la interactividad también fue perdiendo fuerza hasta casi desaparecer. En Ecuador siguen los tests interactivos y hay iniciativas interesantes en Costa Rica.
En cuanto eso en Brasil, la televisión pública federal, TV Brasil, que pertenece a la Empresa Brasil de Comunicación (EBC) ha creado el primer canal de servicios públicos – Proyecto Brasil 4D – utilizando interactividad y multiprogramación[1].
El Proyecto Brasil 4D empezó a ser desarrollado en 2013 con apoyo del Banco Mundial y en su primera etapa fue realizado en João Pessoa, capital de Paraíba, una provincia del Nordeste de Brasil, con 100 familias de baja renta. Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda etapa de tests de campo, ahora en Brasilia, Capital Federal, con 300 familias de baja renta que reciben el Programa Bolsa Familia.
Fue necesario que el Proyecto Brasil 4D ganase seis premios, dos de ellos internacionales, para que lograse llamar atención del nuevo gobierno para la inclusión social y digital que promueve. Un estudio de la Universidad de Campinas (UNICAMP, en el estado de San Pablo) ha apuntado que los servicios gratuitos de televisión digital interactiva aportarían 7 mil millones de reales a los cofres públicos en 10 años. Eso solo entre las 14 millones de familias – algo como 60 millones de personas – que participan de ese programa de gobierno.
El 15 de mayo fue aprobado el decodificador del sistema analógico al de TV digital. De un lado, las empresas públicas de televisión, los movimientos sociales[2] y la academia defendían un decodificador con interactividad plena, es decir, con condiciones de producir distintos formatos audiovisuales interactivos, colaborar para la diversidad de la programación abierta e interactuar con las audiencias.
De otro estaban las empresas privadas y las de telecomunicaciones (que han ganado el concurso público de los 700 MHz del espectro televisivo). Las empresas defendían un decodificador sencillo, que mejorase solamente imagen y sonido, cuatro dólares más barato para la población.
Detrás de ese argumento está el miedo de la competencia, el riesgo futuro de perder audiencia ante los canales públicos, así como el miedo ante una población – hasta hoy sin voz – más participativa. Y finalmente: existe el riesgo de que las empresas privadas de televisión ya no tengan más el poder y la influencia del pasado, no solo sobre la población, sino también sobre los gobiernos y los políticos.
El gobierno federal ha defendido públicamente las cajas de conversión con interactividad y anunció la donación de las mismas a 14 millones de familias de baja renta participantes del Programa Bolsa Familia. La aprobación de la interactividad plena en los decodificadores el último 15 de mayo demostró una dura pelea entre el mundo de los negocios y el que plantea una sociedad con equidad social.
Sí, la interactividad plena fue aprobada y la memoria de 512 ram garantiza videos interactivos de calidad. Pero – en esas decisiones de consenso siempre hay uno – el modem que posibilita el canal de retorno, el dialogo de la población con la empresa de TV, no está incluido en el presupuesto de la llamada pública. No fue originalmente planteado por el mismo Ministerio de las Comunicaciones del gobierno anterior de Dilma Rousseff.
Así, la decisión sería proponer la inclusión del modem cambiando la llamada pública original (y correr el riesgo de esperar años con acciones en la justicia por parte de las empresas privadas) o aprobar la llamada pública y la interactividad plena y empezar una segunda etapa de trabajos buscando recursos para el modem. La decisión fue la segunda opción, buscar recursos extras para el modem.
Las empresas de telecomunicaciones han comprado el espacio de 700 MHz del espectro televisivo por 3,6 mil millones de reales. Ese valor fue así dividido: 1 mil millón para los transmisores; 1 mil millón para las cajas de conversión con interactividad y algo como 1,3 mil millones para la campaña de publicidad nacional sobre televisión digital y sobre el apagón que deberá durar 3 años. Los 300 millones que sobran deben ser utilizados para la compra de los modems, según el presidente del Grupo de Trabajo del Gired/Anatel, pero seguramente será necesario un aporte financiero del gobierno federal.
Políticas públicas claras en ese sector podrán apuntar el nivel de involucramiento del nuevo gobierno de Dilma Roussef con los grupos sociales más debilitados. La interactividad posibilita más canales públicos, más programación, más diversidad, más investigación, más empleos en el campo de la comunicación y por ende, un nuevo rol para las televisiones públicas.
Por primera vez en la historia, las televisiones públicas tienen la oportunidad de ampliar el número de canales, de (re) definir el tipo de programación y los niveles de interactividad con las audiencias, ya sea en casa, desde el control remoto, desde mini TVs portátiles o aun desde los celulares con sistema one seg.
* Posdoctora en Comunicación para el Desarrollo Regional (Brasil). Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de las Industrias de Contenidos Digitales (OLAICD). Su libro más reciente es Digital Television and Digital Convergence, NY: Hampton, 2014.
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[1] Ese recurso permite a las televisiones públicas – federal, provinciales, legislativas, del poder judicial, universitarias y comunitarias – crear hasta cuatro nuevos canales interactivos a partir del canal analógico original. Los canales universitarios y comunitarios funcionan a nivel municipal.
[2] Entre ellos el Forum Nacional por La Democratización de la Comunicación (FNDC) y el Barão de Itararé.