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REDESCA de la CIDH recomienda regulación para mantener diversidad y pluralismo en Internet y demanda transparencia a las plataformas en sus criterios de toma de decisiones

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala la necesidad de que los Estados regulen y desarrollen políticas para mantener una Internet libre y abierta, donde haya diversidad y pluralismo de información, ideas y opiniones, de acuerdo con el Informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”.

Además, el documento elaborado por la Relatora Soledad García Muñoz plantea que las empresas de tecnología deben incorporar análisis sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión en sus procesos de decisiones privadas garantizando que la utilización de criterios transparentes, legítimos y basados en el interés general, en línea con los estándares internacionales.

No sólo es “necesario que los Estados de la región regulen y desarrollen políticas de supervisión adecuadas a estos contextos de constante y rápido desarrollo digital, sino que las empresas en las decisiones y procesos que lleven adelante deban incorporar el análisis de los riesgos y afectaciones que se producirían respecto del ejercicio de tales derechos guiando su comportamiento por los estándares internacionales existentes”, dice el informe de la REDESCA.

A su vez, recuerda que el marco que debe orientar tanto el accionar de los Estados como de las empresas son los estándares internacionales de derechos humanos: “La CIDH y su REDESCA reiteran que la aplicación de las normas y estándares de los derechos humanos es el marco que debe tenerse en cuenta a efectos de valorar las acciones exigidas a los Estados y a las empresas. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha insistido en la necesidad de que en el entorno digital las políticas públicas y la actuación de particulares deben adecuarse a unos principios orientadores, los cuales incluyen: la no discriminación y la privacidad, el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, así como la gobernanza multisectorial y la neutralidad de la red como componentes transversales de estos principios”, señala el documento.

Indica que, como ya ha planteado la RELE de la CIDH, “si bien Internet ha sido y es desarrollada y operada por una serie de empresas privadas que desempeñan diferentes funciones, su carácter como medio de comunicación global es el de un espacio público y, por lo tanto, su gobernanza debe ser ejercida bajo los principios de un recurso público y no simplemente como un asunto de contratos privados”.

El informe de REDESCA destaca “la presencia de las empresas situadas a lo largo de todas las capas en el ámbito de Internet y tecnologías digitales”, su carácter “extraterritorial” y concentrado. “Se identifica a una sola empresa (Google) con una participación casi absoluta (90%) en el mercado de los motores de búsqueda en varios países de la región, y se espera que la empresa Facebook alcance los 282,2 millones de usuarios para 2019”, dice el documento.

“En la medida que a través de dichas herramientas tecnológicas se permite obtener un perfil completo de los comportamientos de las personas en cada una de las esferas en que ellas se manifiestan, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales y la posibilidad de cruzar los mismos desde el uso del big data y la economía digital, para la REDESCA es claro que las empresas que están en una posición de control de tales tecnologías pueden llegar a impactar directamente los derechos humanos, en particular al tomar decisiones que puedan ser discriminatorias y sin que las personas tengan seguridad ni control de lo que sucede a partir de sus datos”, sostiene.

De ahí que los criterios utilizados por las empresas para la toma de decisiones deben ser “neutros y no tendenciosos ni discriminatorios, y que no afecten el derecho de las personas a una Internet libre y abierta, a la diversidad y al pluralismo de información, ideas y opiniones disponibles en Internet, tanto desde un enfoque de agentes “buscadores” de contenidos, como de agentes “productores y difusores” de los mismos, quienes están interesados en que su información y opinión lleguen a todos los demás”.

Sobre el diseño de políticas públicas y regulación normativa, “la CIDH y su REDESCA consideran que toda estrategia en torno al desarrollo de políticas públicas de los Estados o regulación normativa en la región relacionada con el uso de estas tecnologías debe tener un enfoque de desarrollo sostenible, que ponga el énfasis no sólo en la efectividad de la tecnología para impulsar el crecimiento económico, sino en su relación e impacto en el ejercicio de los derechos humanos. En definitiva deben ser adoptadas e implementadas en forma transparente y facilitando el control social, tanto de la gestión estatal como de la gestión privada en cuestiones vinculadas a la garantía de los derechos humanos en este ámbito, incluyendo el ámbito extraterritorial”.

Por su parte, las empresas “deben implementar sistemas eficaces de supervisión, evaluaciones de impacto en los derechos humanos y sistemas de denuncias accesibles por los daños de sus servicios o actividades, incluyendo sus operaciones transnacionales. Cuando detecten que el uso de sus productos y servicios están siendo dirigidos a la vulneración de derechos humanos deberán tomar las medidas necesarias para evitar que continúen dichas prácticas, así como reportar tales situaciones a los órganos de supervisión competentes”, concluye el informe.

 

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Imagen destacada: adaptación de Wikipedia

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