La Junta Directiva de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) recomendó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) revisar la asignación de 12 frecuencias televisivas, vigentes hasta 2014, que no se encuentran operando de acuerdo con su título habilitante, tal como puede leerse a partir de la página 17 del acta de la Junta Directiva.
La recomendación de SUTEL está fundamentada en la propia legislación costarricense, en particular en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde se establecen los criterios de revocación y extinción de las concesiones. Una de las posibles causas de revocación de la licencia “cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o de haberse concedido la prórroga. Este plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente justificados”.
El Viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, señaló que “el órgano competente para extinguir las concesiones es el Poder Ejecutivo, posteriormente a la aplicación del debido proceso. Cuando SUTEL emite una recomendación pidiendo que se aplique el artículo 22, lo que procede es la conformación de un órgano administrativo, que aplique a su vez el procedimiento que está contenido en la Ley de Administración Pública, es totalmente independiente”, según la información del diario La Prensa Libre. En este sentido, Estrada aclaró que aún no hay ningún acto administrativo por el cual se haya decidido cancelar las frecuencias.
La explicación del Viceministro responde a una serie de reacciones que surgieron al darse a conocer públicamente el acta, que apuntaron a desacreditar la medida acusándola de no respetar el debido proceso, que atentaría contra la libertad de expresión y que frenaría el proceso de migración a la TV digital que iniciaría en diciembre de este año.
Al respecto, Saray Amador, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), dijo a La Prensa Libre que la decisión de SUTEL no sería correcta y mencionó el caso de Extra (Canal 69), que cuenta con una repetidora y, de revocarse la frecuencia dejaría a parte de la población sin señal lo cual “afectaría la libertad de expresión”.
En una dirección similar se manifestaron los diputados Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), y Rolando González de Liberación Nacional (PLN), quienes apuntaron que la medida pone en riesgo el ejercicio independiente de la prensa al no cumplir con el debido proceso. “A mí, para ser franco, me incomoda ese tipo de procedimientos, me incomoda porque uno evidencia una especie de estrategia para ablandar a sectores de prensa independiente en este país, como de mandarles señales, amedrentándolos, presionándolos”, declaró Redondo a Prensa Libre.
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