La RELE considera que además podría impactar sobre la transparencia y la participación ciudadana. UNESCO, Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas y la SIP también alertaron sobre ataques a la libertad de expresión
La Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que comparte las preocupaciones de diversos organismos internacionales y locales sobre la reforma a la Ley de Medios aprobada en el Senado, asegurando que “podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana”.
La Relatoría también realizó un llamado a la Cámara de Diputados -donde el proyecto será tratado en junio para su ratificación final-, “para que en las etapas legislativas a su cargo resguarde el respeto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión”.
Anteriormente, la UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), advirtieron en una carta que el proyecto “es contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, y que, a su vez, fue aprobado “sin un debate previo” en la cámara alta.
El documento firmado por Ernesto Fernández Polcuch, representante de la UNESCO en Uruguay y Jan Jarab, representante regional para América del Sur del ACNUDH, destaca que es preocupante la eliminación de medidas para limitar la concentración mediática, la derogación de toda participación ciudadana de control de la gestión pública, así como la reducción de transparencia gubernamental en el otorgamiento de licencias.
Alertaron que la obligación a los medios de brindar “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones” de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” -lo que dispone artículo 72 del proyecto-, “supondría una restricción a la libertad de expresión que podría implicar una censura previa”.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesto públicamente su rechazo al artículo 72 que regula opiniones políticas en periodos electorales, e instó a senadores oficialistas y autoridades gubernamentales a que no voten la iniciativa, “por considerar que vulnera la libertad de expresión y de prensa”
Roberto Rock, presidente de la SIP, aseguró que esta imposición que se pretende instaurar sobre los medios audiovisuales y sus periodistas “es inadmisible”.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) rechazaron la propuesta y sostuvieron que “consagra aún más la concentración en las grandes empresas nacionales” y profundiza la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación.
“Advertimos lo que se constituye en una preocupante violación a la Ley de Libertad de Prensa que responde a convenios internacionales suscritos previamente por el Estado uruguayo”, expresaron.
También la organización Reporteros sin Fronteras se manifestó sobre la iniciativa, asegurando que el proyecto fue aprobado con urgencia y sin transparencia, buscando “facilitar la concentración de medios, debilitar a los medios públicos y censurar los contenidos políticos que ofrecen los medios a la población”.
Rechazo a nivel local
Desde la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, expresaron su “honda preocupación y firme rechazo ante el tratamiento apresurado y la aprobación del proyecto”, asegurando que “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”.
Por su parte, la Coalición por una Comunicación Democrática, cuestionó gran parte de la iniciativa asegurando que tiene un “impacto negativo en la diversidad y el pluralismo de nuestro sistema mediático”. Mientras que el artículo 72 del proyecto “implica un control estatal indebido sobre expresiones de carácter político en los medios de comunicación, el cual configura una clara violación a la libertad de expresión e implica un retroceso significativo en materia de derechos humanos, exponiendo a Uruguay a serios cuestionamientos internacionales”, aseveraron.
La central sindical única del Uruguay (PIT-CNT), sostuvo que “esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, ya que consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de la libertad de expresión que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar.
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