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Relatoría recomienda transparencia y equidad en la asignación de frecuencias y participación de distintos sectores en políticas de TV digital

Considerar la concentración del mercado como criterio para la asignación de espectro, participación de todos los sectores en el diseño de la política pública de radiodifusión, así como el respeto a la libertad de expresión en el proceso de transición a la televisión digital fueron los ejes centrales de las recomendaciones del Informe Anual 2016 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alcanzar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión.

“Asegurar la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital”, recomienda el Informe de la Relatoría. Señala que dichos criterios deben tener en cuenta la concentración de la propiedad de los medios y que se deben “adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o privados y la concentración indebida o excesiva de los medios de comunicación”.

El documento también alude a la importancia de que sean los organismos independientes del poder político y económico los encargados de asignar el espectro radioeléctrico.

A su vez, la Relatoría enfatiza en la legislación sobre el sector comunitario “de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios”.

El informe no solo apunta a la asignación equitativa del espectro sino también a la importancia de “promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas”.

En este sentido, la Relatoría se refiere al proceso de transición hacia la televisión digital terrestre como una “oportunidad para limitar la concentración de medios y promover una mayor diversidad y pluralismo en la radiodifusión”. De ahí que recomienda que los Estados consulten y contemplen los intereses de todos los actores relevantes para el diseño de políticas.

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