“El libro sostiene que la incorporación del DIC en la Constitución hizo avanzar la normativa nacional sobre el sector y puso a Bolivia a la vanguardia en el campo del reconocimiento de los respectivos derechos fundamentales, pero que no obstante aún no se cuenta con un deslinde pertinente de su área de cobertura ni con una determinación precisa de las prerrogativas que supone ni de las responsabilidades que lo conforman”.
Erick Torrico */ Bolivia, octubre 2014
El libro intenta traducir los rasgos principales que marcan la situación que se vive en el país con relación al Derecho a la Información y la Comunicación (DIC): innovación normativa e importantísimo avance en la materia, insuficiente definición del nuevo derecho establecido, contradicciones y dudas en la elaboración de leyes relacionadas con el mismo, reducción del horizonte de garantías que le corresponde a la dualidad Estado-medios, cuestionamientos y resistencias de los mayoritarios medios privados, escasos conocimiento e interés de la población al respecto e incipiente debate público necesario.
Proyectos de ley, leyes ya promulgadas y otras cuya consideración está anunciada que involucran aspectos del DIC generaron críticas e incertidumbre en particular entre organizaciones empresariales, sindicales y académicas del periodismo.
Las confrontaciones que se dieron respecto de las normas redujeron el espacio posible de la discusión a un desencuentro periódico entre el Estado regulador y los medios privados y periodistas, con lo cual la naturaleza del DIC resultó desvirtuada por incomprendida.
Ello dio lugar a una relación tensa entre las autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Boliviana de Radiodifusión, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y, en su momento, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Esa relación tuvo lapsos de clímax, pero vivió asimismo otros de cierta “normalización”.
Esa dinámica obstaculizó el involucramiento de la ciudadanía en el análisis y diálogo en torno al DIC que hasta ahora lo entiende mayoritariamente como un asunto que sólo incumbe a políticos y periodistas. Y otra consecuencia es la ausencia de un debate público real respecto al DIC, pues se ha carecido de espacios, oportunidades y voluntades para tal efecto.
El libro sostiene que la incorporación del DIC en la Constitución hizo avanzar la normativa nacional sobre el sector y puso a Bolivia a la vanguardia en el campo del reconocimiento de los respectivos derechos fundamentales, pero que no obstante aún no se cuenta con un deslinde pertinente de su área de cobertura ni con una determinación precisa de las prerrogativas que supone ni de las responsabilidades que lo conforman.
*Autor del libro.