Responsabilidad de intermediarios y libertad de expresión
Promover un Pronunciamiento Latinoamericano de la Sociedad Civil para participar del debate global sobre responsabilidad de intermediarios y la regulación privada de contenidos con una perspectiva propia, independiente y democrática.
Elaborar una Propuesta de Regulación Inteligente, adecuada el entorno digital y democrática para proteger a los usuarios de las grandes plataformas ante su creciente poder en Internet, con el objetivo de y garantizar la libertad de expresión y la Internet libre y abierta, a la vez que para plantear alternativas a los intentos de regulación autoritarias o que violan derechos humanos fundamentales.
La creciente intervención de las grandes plataformas en los contenidos de Internet tienen impactos negativos en la libertad de expresión mediante restricciones directas (censura mediante remoción o bloqueo de contenidos de usuarios, incluyendo filtrado automático y previo) o indirectas (priorización o reducción de visibilidad) de contenidos legítimos de sus usuarios.
Estamos atrapados en una dualidad engañosa y peligrosa: autorregulación corporativa o regulación abusiva o excesiva. Hay que construir un tercer camino. Ni Silicon Valley, Ni China, Ni Europa: necesitamos una perspectiva latinoamericana para participar del debate sobre responsabilidad e intermediarios y la regulación privada de contenidos, con una perspectiva propia e independiente.
Una regulación para que haya más libertad de expresión en Internet, no menos. Por eso también debemos seguir rechazando la aprobación de legislaciones autoritarias o abusivas, vengan de donde vengan.
Su rol de #Gatekeepers se agrava por un contexto de concentración de poder en unas pocas corporaciones internacionales en la capa de contenidos de Internet. La concentración representa un serio riesgo para una Internet libre, neutral y abierta, erosionando el derecho a la libertad de expresión y a la libre competencia.
Es necesario construir una regulación inteligente y democrática que sea capaz de asegurar entornos regulatorios adecuados para proteger a los usuarios del poder de las grandes plataformas y garantizar una Internet libre y abierta. Una regulación respetuosa y compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y que tome en cuenta las asimetrías existentes para no ser un freno u obstáculo para la innovación y la competencia.
La autorregulación debe existir, pero no puede ser el único camino a recorrer. El poder de las grandes plataformas de contenidos exige que las sociedades democráticas les pongan límites para garantizar los derechos y libertades en Internet, así como el predominio del interés general y público.
Hay preocupación por iniciativas legales que tratan de imponer a las plataformas responsabilidades y obligaciones que las obligan a ser jueces o policías privados a los intermediarios por contenidos de terceros. Pero también las plataformas se convierten en jueces o policías privados por decisión propia. Sus algoritmos y moderadores deciden qué es “falso” o “verdadero”, “inapropiado” o “violento”, violando estándares de derechos humanos.