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Senado mexicano debilita derechos de las audiencias y quita facultades al regulador independiente

Con 72 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) sobre derechos de las audiencias planteadas en el dictamen de la Cámara de Diputados, de acuerdo con el comunicado de la Cámara baja. Ahora pasará a sanción presidencial.

Así se elimina la distinción entre información y opinión, se impide al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecer sanciones (“suspensión precautoria” de contenidos) y se permitirá que los canales se auto regulen a partir del establecimiento de su propio código de ética, así como también serán ellos mismos los que elijan al defensor del público. De este modo, el IFT pierde sus facultades para establecer los lineamientos que regulen este aspecto o establecer sanciones por incumplimiento.

Según Aleida Calleja, Coordinadora de Advocacy de OBSERVACOM se trata de medidas inconstitucionales, ya que los derechos de las audiencias serán los únicos que no tengan institución que los tutela, ni mecanismos de cumplimiento, señaló a El Universal.

Por su parte, el especialista en medios y telecomunicaciones y Vicepresidente de OBSERVACOM, Gabriel Sosa Plata, aseguró en entrevista con El Universal que es un retroceso democrático peor al que existía previo a la sanción de la LFTR de 2014. Sostuvo que previo a la reforma del sector, la Secretaría de la Gobernación se encargaba de supervisar los contenidos, pero con el texto aprobado por el Senado se anula el derecho de las audiencias al quitarle las facultades al IFT y dejar todo en manos de la auto-regulación. Desde su perspectiva, al eliminar la distinción entre información y opinión, los radiodifusores podrán difundir de modo encubierto entrevistas pagas como si fueran contenidos informativos. Además, señaló que el cambio de lógica responde al interés de algunos legisladores que buscan congraciarse con los radiodifusoras de cara a las próximas elecciones de 2018.

Desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) sostienen que “detrás de la iniciativa está escondido el interés de los concesionarios privados por ampliar los márgenes de la publicidad encubierta y la propaganda engañosa, prácticas que atentan contra la Constitución”. En este sentido, afirman que “el Congreso está obligado a ampliar no a limitar las atribuciones que le otorgó al IFT en la reforma constitucional de 2013. Tampoco puede anteponer los derechos de los concesionarios comerciales por encima de los derechos de la sociedad a recibir información veraz y oportuna”.

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