La agenda legislativa de Colombia hoy martes tendrá entre uno de sus temas centrales el tratamiento del Proyecto de Ley de “Modernización TIC”, impulsado por el gobierno de Iván Duque.
“Espero que, con la ayuda del Congreso de la República, en pocos días sea una realidad tener una nueva Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que ponga a Colombia en la ruta de ser un país en la excelencia del 4G y poder irrumpir con fuerza en las tecnologías de 5G, para que nosotros hagamos de la tecnología un vehículo para la telemedicina, para la educación remota y, también, para los servicios financieros”, dijo Duque en el marco del Concordia Americas Summit que se realiza en Bogotá.
La semana pasada, tras reunirse con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en Silicon Valley, el presidente de Colombia también había manifestado expectativa por el tratamiento de la iniciativa. Desde su perspectiva el proyecto “[no] está capturado por ningún debate ideológico, el bienestar de los colombianos también tiene que ver con conectividad y esto se logra expandiendo el Internet de alta velocidad y dando a conocer los beneficios del Internet móvil”.
Recientemente, la ministra de TIC, Sylvia Constaín, también hizo un llamado a aprobar el proyecto. “El proyecto de ley de modernización del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–, que se encuentra hoy en consideración de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, se ha construido con insumos de la sociedad civil y de todos los partidos políticos. El avance que representa esta legislación para todos los sectores –salud, educación, cultura, justicia, transporte, trabajo, etc.– nos permitirá llegar a una sociedad con mayores oportunidades para millones de colombianos que hoy no las tienen”, sostuvo a través de una nota de opinión publicada en El Tiempo.
Sin embargo, desde la Fundación Karisma de Colombia, su directora, Carolina Botero cuestionó el proceso de socialización y denunció desconocimiento público de la propuesta ya que, hasta el momento, no se conocen públicamente los cambios introducidos (excepto por notas de prensa). La propuesta inicial fue ampliamente criticada, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil, como de organismos internacionales.
“No nos llamemos a engaños, el proceso no se ha caracterizado por el diálogo. Fíjense en los tiempos: de septiembre a diciembre se intentó pasar de urgencia y, cuando falló, comenzó la campaña de marketing… En los pasillos del Congreso se dice que el proyecto tendrá cambios. ¿Cuáles son los cambios? No hay información pública sobre esto, ni siquiera reuniones de socialización o comunicados de prensa. En los mismos pasillos del Congreso se dice que el cambio es que en el nuevo regulador tendrá dos salas (o juntas) que se ocuparán, una de contenido y la otra de la infraestructura. A tres semanas de finalizar esta legislatura, esta actitud solo puede calificarse de oscurantismo que no ayuda a un proceso legislativo democrático y participativo”, explicó Botero en su columna de opinión en El Espectador.
Como se mencionó, el proyecto de ley recibió críticas de de organismos internacionales como OCDE, UNESCO y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, principalmente apuntaron a la falta de independencia del organismo regulador “convergente”.
Desde OBSERVACOM hemos señalado que el proyecto de ley mantiene incompatibilidades con estándares internacionales de libertad de expresión ya que el gobierno tomaría a su cargo competencias en aspectos sensibles de la regulación de medios de comunicación que actualmente corresponden a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), un organismo independiente. De acuerdo con la propuesta normativa inicial, el gobierno sería el encargado del control y la vigilancia de los medios de comunicación audiovisuales; otorgaría directamente los permisos de uso de frecuencias para radio y TV; y asignaría de manera directa y discrecional los recursos de un Fondo público para la TV. Asimismo, el proyecto de Ley crea un organismo regulador que no será independiente, en tanto el gobierno definirá, directa o indirectamente, a la mayoría de sus miembros.
A partir de las críticas, el gobierno anunció cambios al proyecto de Ley que incluiría la creación de dos “juntas independientes” dentro del organismo regulador: la Sesión de Comisión, encargada de la regulación técnica y de mercado, y la Junta Nacional de Contenidos Audiovisuales, que se encargaría del pluralismo informativo y defensa y derecho de las audiencias.
Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no había circulado oficialmente ningún texto con las nuevas propuestas como para poder analizar las modificaciones anunciadas.
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