Varias organizaciones de la sociedad civil mexicana alertaron sobre el peligro que supone para la libertad de expresión la iniciativa del senador oficialista, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales a través de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
Además, las organizaciones demandan un diálogo amplio, en el que participen distintos sectores, y que sus posiciones se consideren antes de presentar el proyecto de ley en el Congreso.
Como hemos informado previamente en OBSERVACOM, Monreal presentó el borrador del proyecto que prevé introducir reformas a la LFTR para alcanzar a las redes sociales. Entre los principales aspectos del proyecto se puede mencionar la definición sobre redes sociales y la distinción de algunas que son “relevantes” (un millón de usuarios); la exigencia de autorización previa para operar en el país; obligaciones en relación a los términos y condiciones de servicio de cada una de las redes relevantes; criterios para la cancelación de cuentas y perfiles; mecanismos de impugnación de las decisiones de las plataformas y para la canalización de quejas de sus usuarios; y mecanismos de sanción frente al incumplimiento de la norma, si ésta fuera aprobada.
Artículo 19 de México y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) indicaron, a través de un comunicado conjunto, que el ante-proyecto de Ley “presenta múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital”.
Identifican al menos cinco puntos problemáticos: la amplia y vaga definición de lo que se considera un “servicio de redes sociales”; inadecuada definición del sujeto a regular ya que cuando se alude a “red social relevante” no especifica si se trata de usuarios a nivel global o en México, activos o registrados, y en qué período. De acuerdo con Artículo 19, esto impondría cargas administrativas y regulatorias a diversos actores en el ecosistema de Internet.
Por otra parte, la organización considera que el requisito de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que las plataformas presten servicio es “un mecanismo inconstitucional de censura previa”.
Asimismo observan que la exigencia para las plataformas de contar con procedimientos expeditos para eliminar contenidos “abre las puertas a la censura estatal” y “derivaría en la eliminación indiscriminada de contenidos legítimos que están protegidos por el derecho humano a la libertad de expresión”.
Por último, plantea que el proyecto de Monreal podría propiciar que los entes gubernamentales presionen a las empresas “para censurar contenido legítimo o eliminar cuentas de personas que les incomoden, como personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) también se manifestó críticamente sobre la iniciativa al considerar que, de prosperar, limitaría la libertad de expresión y atentaría contra la neutralidad de red.
En su comunicado público enfatizaron sobre los mecanismos para la suspensión o cancelación de cuentas y usuarios y eliminación de contenidos y el rol del IFT en ese proceso y señalaron que “la iniciativa crea un procedimiento desproporcionado y peligroso, a manera de juicio, para defender el derecho a la libertad de expresión en línea”.
En coincidencia con los planteos de Artículo 19 y R3D señalaron que “sería un estímulo para dejar de suspender o cancelar cuentas controversiales. Más que prevenir la difusión de los mensajes de odio y la desinformación, la propuesta los alentaría porque los usuarios tendrían la opción de quejarse de las decisiones de las plataformas ante el IFT. La resolución del regulador difícilmente sería expedita y el usuario tendría la posibilidad de ampararse. Todo ello le resta poder al usuario sobre su libertad de expresión en línea y se lo otorga al IFT y los tribunales”.
Además señalan que “la iniciativa condiciona el ejercicio de la libertad de expresión a un procedimiento y resolución regulatoria o de un tribunal en última instancia. En casos de eliminación de contenido, suspensión o cancelación de cuenta el derecho de libertad de expresión no depende del usuario sino de un poder público. Confiere facultades judiciales a un órgano administrativo como el IFT”.
De este modo, “el IFT se vería rebasado en su función de resolver las quejas… se convertiría en un censor que decidiría qué contenidos pueden difundirse en Internet y cuáles no, lo cual no estaría exento de matices políticos. Todo eso lo haría sin tener capacidad en derechos humanos para tomar tales decisiones”.
AMEDI considera que el mecanismo de co-regulación de redes sociales es el más apropiado para que “sean los usuarios -no las empresas, no los gobiernos- quienes tengan el poder y la libertad de expresarse en línea”.
En este sentido propone 10 principios generales que, a su criterio, deberían guiar una propuesta regulatoria: 1) libre acceso a Internet; 2) los Estados deben proporcionar un entorno adecuado para el ejercicio de la libertad de expresión, la diversidad, la independencia de medios; 3) proteger la libertad de expresión en línea con estándares internacionales de derechos humanos; 4) proteger la privacidad de datos; 5) consentimiento informado de los usuarios de las condiciones y políticas de las plataformas; 6) la moderación de contenidos no debe impedir la libertad de expresión de las personas en Internet; 7) criterios de transparencia sobre la moderación de contenidos; 8) rendición de cuentas de las plataformas a través de informes; 9) el usuario debe tener derecho a rectificación, es decir, ser informado con anticipación de que su contenido podría estar violando las normas comunitarias, para poder accionar; 10) las redes sociales deben brindar oportunidad de defensa a los usuarios frente a la eliminación de contenidos o suspensión de cuenta.
Sobre la iniciativa del Senador Monreal también se expidieron las gremiales regionales que nuclean a las plataformas de Internet y a los medios comerciales de prensa.
La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) consideró que el control de las redes por parte de un organismo público “pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”.
Además indicó que el IFT no tiene facultades para decidir en materia de libertad de expresión y que la necesidad de que las plataformas cuenten con autorización para operar en el país “atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional”.
Asimismo, de acuerdo con ALAI “la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada. Asimismo, se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”.
“Esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia”, concluye.
En representación de los propietarios de periódicos de la región, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que la aprobación del proyecto “derivaría en limitaciones a la libertad de expresión en el área digital”.
Los directivos de la SIP recomendaron a los representantes de los gobiernos de la región que se pongan en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión antes de regular “compulsivamente” en materia de redes sociales.
Cabe recordar que la CIDH acaba de abrir una convocatoria para la realización de una audiencia pública sobre moderación de contenidos en Internet, en el marco de una iniciativa regional con el objetivo de elaborar estándares sobre el tema.
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