«Casi de manera invariable, quienes hemos participado o asistido a los debates sobre políticas relacionadas con la Sociedad de la Información o la Economía Digital durante las 2 últimas décadas hemos necesitado desarrollar, como un reflejo, una dosis de escepticismo regulatorio en lo que a Internet respecta» se confiesa Andrés Piazza. Para continuar con una firme decisión: es necesario “Impedir la sanción de leyes torpes, propuestas autoritarias en tratados o fallos judiciales inaplicables” pero también es preciso elaborar “un aporte de regulación democrática capaz de entender a Internet”.
Análisis de Andres Piazza (*)
Casi de manera invariable, quienes hemos participado o asistido a los debates sobre Políticas relacionadas con la Sociedad de la Información o la Economía Digital durante las 2 últimas décadas hemos necesitado desarrollar, como un reflejo, una dosis de escepticismo regulatorio en lo que a Internet respecta.
Personalmente, es uno de los asuntos que más me interpela, considerando que desde los inicios de los debates de ¨Gobernanza de Internet¨ pude advertir iniciativas regulatorias nacionales o propuestas dentro de foros internacionales que adolecían de información sobre el funcionamiento de Internet en sus diferentes capas, o que poseían rasgos autoritarios.
A su vez, si bien los diálogos sobre Gobernanza han alcanzado un punto de madurez luego de 15 años de evolución con transparencia, apertura, amplio reconocimiento internacional, los proyectos de ley y los fallos judiciales no se han servido, en su mayoría, de esa calidad de debate ni de los canales de representaciones de múltiples partes.
Los individuos y organizaciones de la sociedad civil, así como del sector privado y la academia que estamos comprometidos con la vigencia de los Derechos Humanos nos hemos encontrado en incontables ocasiones colaborando para impedir la sanción de leyes torpes, propuestas autoritarias en tratados o fallos judiciales inaplicables.
En los últimos años, el crecimiento de las llamadas ¨Grandes Plataformas¨ y, en especial, la creciente intervención de estos intermediarios en los contenidos mediante los de términos de servicio hizo aumentar las voces de alerta en el mundo sobre las formas de regulación privada de espacios públicos y torno impostergable el debate sobre regulación que tenía a la Comunidad Global en una suerte de ¨zona de confort¨.
En este contexto, en conjunto con un grupo de organizaciones, presentamos durante el pasado LACIGF un documento que intenta aprovechar una de las pocas ventajas que posee la región para aportar a la agenda global, como lo es el elevado estándar normativo interamericanos sobre derechos humanos. Esta perspectiva regional busca enriquecer el debate y mejorar los procesos de moderación de contenidos.
El documento, que se encuentra abierto a Consulta hasta el15 de Octubre, busca ser compatible con los referidos estándares internacionales de derechos humanos y tomar en cuenta las asimetrías existentes, alcanzando a las grandes plataformas de Internet sin ser un freno u obstáculo para la innovación, la competencia o el desarrollo de start-up, pequeñas empresas o iniciativas comunitarias, educativas o sin fines de lucro.
La propuesta postula una regulación democrática y equilibrada que también se oriente a proteger a las plataformas de las presiones ilegítimas que puedan sufrir de gobiernos y otros actores para ejercer moderación de discurso. Para focalizar el debate sobre fenómenos específicos, planteamos una regulación “progresiva y asimétrica” que alcanza a “plataformas de contenidos”, es decir, redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de intercambio de contenidos de terceros). En cambio, no incluye a servicios de mensajería.
En base a los estándares de derechos humanos, la propuesta de las organizaciones sociales para regular plataformas retoma el criterio de proporcionalidad. El estándar de proporcionalidad aplica no sólo a las sanciones que pudieran aplicar sino también a los procedimientos y debido proceso para ajustarse a los derechos humanos en línea.
En materia de transparencia y rendición de cuentas y derecho de apelación, intentamos evitar ¨reinventar la rueda¨ y nos limitamos a recoger las propuestas de organismos multilaterales y organizaciones sociales tales como Principios de Santa Clara o Principios de Manila o los Relatores, pero las transforma en obligaciones y no en sólo en recomendaciones que las plataformas pueden adoptar si quieren.
La participación de actores del sector privado, ya sea en la consulta o en los debates que se deriven será invaluable y bienvenida, con plena conciencia de las limitaciones que encontrarán estos avances, por fructíferos que fueran, en la precariedad institucional que posee la región.
Si bien no existe un organismo latinoamericano que pueda diseñar e implementar regulaciones a escala, contar con ¨acuerdos específicos¨ de alta calidad puede contribuir a informar la regulación de cada uno de nuestros países en el futuro cercano.
(*) Director de Desarrollo Digital y consultor asociado de OBSERVACOM
Nota publicada un nuevo número de la revista digital de ASIET: ‘Telecomunicaciones de América Latina», la cual aborda temas como la ciberseguridad, la inclusión, derechos de los usuarios, o privacidad y tratamiento de datos personales. Puede leerse aquí: https://asiet.lat/newsletter/Septiembre2019/Newsletter.html