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Universidades, sindicatos y medios comunitarios de Argentina firmaron el “Compromiso por el pluralismo informativo y la producción nacional”

Universidades nacionales, sindicatos y medios comunitarios, cooperativos y pymes firmaron el “Compromiso con el pluralismo informativo y la producción nacional”, por el que establecieron 12 puntos para defender y fomentar políticas democráticas de comunicación desde una perspectiva federal y multisectorial.

Los 12 puntos consisten en el fomento del empleo y la producción nacional, generar mecanismos para que la autoridad regulatoria sea federal y multisectorial, fomentar la soberanía en las comunicaciones, alentar la producción nacional de contenidos, protección a las pymes, fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos así como de pueblos originarios y medios públicos, garantizar la accesibilidad universal a las comunicaciones, promoción de la educación en comunicación, proteger los derechos de las audiencias y los usuarios, y promoción de la equidad de género.

“El pluralismo informativo está en emergencia”, señala el documento como diagnóstico de la comunicación en Argentina. Allí explica que “en los últimos años se han perdido 4000 empleos en los medios de comunicación (…) que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de los trabajadores Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las comunicaciones”.

Se plantea además que “los medios comunitarios y de entidades sociales son discriminados mediante el recorte millonario al fondo de fomento sectorial previsto en la Ley 26.522 (FOMECA), al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras o se criminaliza la legítima protesta… Las Universidades Nacionales están siendo afectadas por trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones a su cobertura… Los medios públicos son, a su vez, víctimas de un vaciamiento sistemático de contenidos, puestos de trabajo y señales, situación que se agrava con el acoso y censura directa a periodistas de la TV Pública…”.

El documento también denuncia el incumplimiento de la obligación de pautas mínimas de producción nacional, independiente y local de contenidos y la discrecionalidad en la operación del regulador de comunicaciones -el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- “que opera como un apéndice del Ejecutivo, al margen de la legalidad constitucional que requiere la tutela del derecho humano a la comunicación”.

En este sentido, las distintas organizaciones se comprometieron a promover el empleo y la producción nacional, exigiendo el “freno inmediato a los despidos y flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector en todas las empresas vinculadas con la comunicación”. A su vez se plantea el “desarrollo de políticas activas para la protección y promoción de los medios de comunicación social en materia de tarifas de servicios públicos, asignación de fondos legales en tiempo y forma, cumplimiento de pautas de producción de contenidos nacionales, regulación de los precios del papel para periódicos y sanción de una Ley de Publicidad oficial que promueva el federalismo y la independencia de los medios de comunicación”.

Respecto de la exigencia de gobernanza federal y multisectorial, el documento expresa que “es fundamental recuperar la independencia, el pluralismo y el federalismo en la gestión de la autoridad de aplicación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y de Servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como lo recomiendan los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Ello exige restablecer el rol de las provincias y actores sectoriales en el directorio de una única autoridad de aplicación que regule los servicios convergentes de comunicación. Recuperar, para ello, la figura de los Consejos Federales de Servicios Audiovisuales y Servicios TIC”.

En materia de soberanía de las comunicaciones, el “Compromiso” señala que “urge recuperar el rol de Argentina Satelital (ARSAT) como herramienta estratégica en la inversión, innovación y producción de insumos tecnológicos fomentando la ocupación plena y la explotación de los puntos orbitales nacionales”. A su vez, indica que “el acceso a Internet debe considerarse como un servicio público indispensable para asegurar el derecho a la información. Asimismo, es necesario restablecer el programa de cobertura nacional inclusiva de la Televisión Digital Abierta, como herramienta para democratizar el acceso a la información y la cultura”.

También se plantea la necesidad de realizar acciones tendientes a garantizar el «respeto y cumplimiento de las pautas de producción nacional, independiente, propia y local” y establecer cuotas de contenido nacional del 25% como mínimo en el catálogo de plataformas que ofrecen servicios audiovisuales a través de Internet.

El documento exige la protección a las pymes así como el fortalecimiento de medios comunitarios y cooperativos, de los medios de los pueblos originarios y de los medios públicos. Respecto de los primeros, se plantea la necesidad de un marco regulatorio que contemple “las asimetrías de escala y de volumen”, así como el acceso a frecuencias y créditos especiales.

Respecto de los medios comunitarios y cooperativos se postula que “es indispensable armonizar el plan técnico y concursar las frecuencias radioeléctricas con un criterio inclusivo y amplio. Asimismo se requiere la aplicación plena del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo”. Este último aspecto también ha sido señalado como de gran importancia para los medios de pueblos originarios.

En cuanto a los medios públicos se expresa que “resulta imprescindible la restitución plena de la integración societaria, de los directorios y órganos consultivos de Radio y Televisión Argentina (RTA) conforme la Ley 26.522 y la recuperación de la agencia nacional de noticias TELAM como empresa pública de control de la emisión de la publicidad oficial así como de producción informativa en soportes múltiples con criterio federal”.

El documento destaca que el Estado Nacional debe “garantizar accesibilidad a la información y a las comunicaciones, promoviendo el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Se señala, a su vez, la importancia de promover la educación en comunicación desde una perspectiva de derechos frente al criterio de mercantilización de las comunicaciones.

Respecto de los derechos de las audiencias y los usuarios, se plantea que “el funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios mediante la incorporación de la perspectiva de los usuarios de servicios TIC con plena capacidad para la defensa del público y los usuarios de servicios”.

Por último, se alude a la necesidad de “fomentar la perspectiva de géneros y las identidades de género diversas en la producción de contenidos”.

Este documento de “Compromiso” representa el relanzamiento de la Coalición por una Comunicación Democrática, creado en 2004, y reconocido por la elaboración de los “21 puntos por una radiodifusión democrática”, que se utilizaron como punto de partida para estructurar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (LSCA), sancionada en 2009.

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